Desde el año 2015, en que la juez dividió la macrocausa para agilizar la instrucción, se han incoado 187 piezas, de las cuales 146 siguen actualmente abiertas en el juzgado.

La posible venta del Betis por 70 millones, acordada en el año 2008, cuando estalla la causa judicial, ve la luz en un juicio por estafa. El contrato contenía unas cláusulas muy singulares.

El escándalo de los ERE se montó sobre una serie de presupuestos que las defensas de los ex altos cargos tratan de tumbar siete años después de que Alaya diseñara la macrocausa.

Si todas las cantidades percibidas han de considerarse malversadas, la instructora y el Ministerio Público, permitieron o dieron continuidad a la "malversación de ingentes cantidades de dinero público", argumenta el letrado José Ávila.

Reivindica que las ayudas estaban amparadas por la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, pero el error de los peritos al no analizar esta aplicación se arrastró hasta el Supremo. La defensa pregunta por qué Alaya no paralizó el pago de las ayudas si era "perfectamente consciente" de las ilegalidades.

La juez no aprecia “ningún indicio” de prevaricación en la convocatoria de empleo de Castilblanco de los Arroyos en 2007.

Denuncia que la instrucción viene lastrada por errores y equívocos hasta alumbrar la tesis de que "se ha intentado que la realidad no estropeara un buen proceso". Considera que se ha atacado a la independencia del tribunal, como cuando Rajoy se refirió en el debate de la moción de censura a la "sentencia de los ERE" generando en la sociedad un "prejuicio de culpabilidad" sobre este caso.

El escándalo del Tribunal Supremo con las hipotecas, la revisión de la condena de la Manada y las recusaciones de Bolaños y Alaya vuelven a poner el foco sobre los jueces y la Justicia.

La magistrada de la Audiencia seguía disponiendo de escolta y coche oficial a pesar de que desde 2015 estaba apartada de la instrucción de las macrocausas. El mantenimiento de la medida había generado ciertas críticas entre los jueces de Sevilla por el tiempo transcurrido y porque no se actuó de la misma manera cuando la juez María Núñez Bolaños, que la sustituyó en el juzgado, fue objeto de amenazas de muerte anónimas.

Si es rechazada, el ex consejero Vallejo podría ser multado con hasta 6.000 euros.