Considera al sindicato UGT-A responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas: 40.750.047,74 euros y también lo hace responsable solidario de las multas de los ex cargos de la organización.

El fiscal jefe Anticorrupción aboga por una legislación que proteja a los arrepentidos.

El instructor toma esta decisión tras diversos avatares por los que ha pasado la investigación, que fue inicialmente archivada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y reabierta por la Audiencia de Sevilla por un recurso del Partido Popular. El PP ha rectificado su posición inicial, en la que ha pasado de pedir la imputación del tercer ex presidente Francisco Álvaro Julio a solicitar el sobreseimiento contra éste y contra Laura Gómiz.

Considera de “mala fe” la actuación del investigado de Invercaria que lo ha recusado y pide que sea multado.

La instructora de las macrocausas ha estado los últimos días acudiendo a los juzgados para preparar sus alegaciones a la denuncia del fiscal jefe Anticorrupción y ayer mismo se reincorporó oficialmente a su despacho.

La instructora ha acudido este martes a su despacho, al igual que ha hecho otros días en los que prepara su respuesta a la denuncia de Anticorrupción. La Fiscalía denunció a la juez por una supuesta "parálisis" de las macrocausas..

La reapertura del caso para analizar expedientes que la UCO almacenaba desde 2014 en el SAE retrasará durante varios años una causa en la que se ha rechazado la teoría de la “red clientelar”. La Audiencia de Sevilla reabre la causa de la formación.

Estima parcialmente el recurso del PP-A, pero rechaza las alegaciones respecto a la falta de imparcialidad de la juez Bolaños, la procedencia de su recusación o su interés en el asunto. Ordena que la UCO, con la asistencia de un interventor de la Junta y otro de la Administración del Estado, examine expedientes precintados en el SAE. Asegura que "no existen indicios bastante sobre la existencia de una trama o un concierto entre los investigados y terceros para un reparto arbitrario de fondos públicos" ni de una "red clientelar".

Consideran que el comunicado de la Fiscalía General sólo incluye "juicios de valor gravemente ofensivos y que arrojan una duda explícita sobre la probidad profesional y el actuar jurisdiccional de la juez". Rechazan la desatención o retraso en la tramitación porque es "apabullante el sinnúmero de declaraciones recibidas, de diligencias ordenadas y de resoluciones dictadas por la juez en estas macrocausas desde el año 2015".

Asegura que desde 2016 sólo ha dictado “cinco” autos de procesamiento de las 182 piezas vivas. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, opina que la actuación de la juez podría sugerir "una voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos".