Pablo Millán afirma que sólo estaba hablando "en términos de hipótesis" cuando dijo que la agencia pudo haber abonado estas ayudas con recursos propios "una o dos veces".

Advierte de que si continúa el actual ritmo lento de las declaraciones de los testigos tendrá que aumentar las sesiones.

Fernando de Pablo será sustituido por José Ávila en el “procedimiento específico”, y Carlos Sierra y Rafael Ramírez renuncian a defenderlo en la pieza de la ayudas a su ex chófer y en la causa de los “contratos fantasma” de Umax.

El ex presidente reconoce que "sabía" que se daban ayudas sociolaborales pero ignora el procedimiento y la cuantía de las mismas. Chaves discrepa con Griñán sobre el grado de conocimiento que tenía el Consejo de Gobierno sobre las ayudas bajo sospecha, y defiende que este órgano no podía conocer cuestiones como el importe o el contenido de las mismas.

Ordena que se investigue por un juzgado la documentación aportada por el sindicato para investigar “posibles ilícitos penales”.

Aseguran que "no existe base jurídica" para decir que un porcentaje "incumple la ley", porque el "mercado es libre".

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández defiende que el programa 31L de las ayudas no pudo pasar desapercibido para la Cámara de Cuentas, que no encontró "ninguna ilegalidad" en diez años.

El tribunal acepta la petición del PP de dar lectura a la declaración de Fernández ante Alaya, donde se le formularon más de 500 preguntas.

El ex director de Trabajo se retracta de 4 declaraciones en las que implicó a "todo" el Gobierno andaluz. Sólo accede a responder a las preguntas de su abogado.

Muestran su protesta por la admisión e incluso advierten de la posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.