La defensa del ex presidente sostiene que la Intervención de la Junta no inició ningún procedimiento para que la Consejería de Hacienda actuara en relación a la concesión y pago de las ayudas de los ERE.

El letrado José María Mohedano critica que la Fiscalía sólo asuma una parte de la declaración del interventor en el Supremo, puesto que también sostuvo en aquella comparecencia que no detectó "menoscabo de fondos públicos".

Impugna la prueba pericial de la IGAE al estimar que se trata de un dictamen "jurídico" que ha franqueado una "línea roja" y se ha convertido en una "pericial sobre la culpabilidad" de los 21 ex altos cargos. .

Recuerda las palabras que Francisco del Río dijo cuando fue imputado: "Es el peor delito de que le pueden acusar a un funcionario y más cuando no lo ha hecho".

Alega que es un convidado de piedra en este juicio, dado que ni conoció las ayudas, ni el convenio marco ni tuvo participación en las supuestas irregularidades. La defensa recuerda que fue su departamento el que inició el procedimiento de "revisión de oficio" de las ayudas y colaboró con la instrucción de la causa judicial.

Considera que los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación recibieron numerosas advertencias y "no hicieron nada" para subsanar las irregularidades siendo los competentes para ello.

La defensa de Jacinto Cañete dice que cuando se incorpora en 2008 a la agencia, IDEA llevaba "siete años materializando los pagos del programa 31L".

Otra defensa critica a la Fiscalía por la búsqueda de su "Santo Grial", la acusación por malversación a los ex altos cargos en este procedimiento y en las piezas separadas.

El abogado de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina critica la "falta de veracidad" del testimonio de la ex asesora María José Rofa, realizado para "salvar su imputación".

El escándalo de los ERE se montó sobre una serie de presupuestos que las defensas de los ex altos cargos tratan de tumbar siete años después de que Alaya diseñara la macrocausa.