Juan Rafael Leal Rubio.

No es de extrañar que en los momentos de vulnerabilidad social, ya sea en medio de una crisis geopolítica, económica o sanitaria, la actividad agraria y todas las personas que nos dedicamos a ella nos tornemos esenciales. Durante la pandemia del Covid-19 nos llegaron a llamar héroes, pero solo actuamos como lo que somos: profesionales de un sector indispensable que apelaron a su sentido de la responsabilidad. La sociedad reconoció nuestra labor, como también lo hicieron las administraciones. Sus palabras nos alentaron a seguir trabajando a pesar de arrastrar numerosos problemas de rentabilidad, de soportar los efectos de conflictos comerciales y de sobrellevar una pandemia que nos reforzó como actividad económica pero que, como a todos, nos afectó en lo personal.

En este contexto, las cooperativas agroalimentarias hemos demostrado, una vez más, ser un modelo empresarial solvente y resiliente. Nos adaptamos rápido a las nuevas normas, adoptamos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y llegamos a redoblar esfuerzos para abastecer el incremento de la demanda de las primeras semanas. Las producciones siguieron comercializándose y las cooperativas fuimos un refugio para muchas personas que perdieron su empleo. También tuvimos tiempo para afianzar nuestro compromiso con la sociedad con el reparto de equipos de protección a centros hospitalarios, la donación de alimentos y la colaboración en la desinfección de calles. En definitiva, mostramos una vez más que un modelo empresarial sustentado en las personas es más sostenible en lo económico, pero también en lo social, porque genera empleo, es innovador, cuida el medio ambiente y fija población al territorio.

Sin embargo, los planteamientos de Bruselas hacen preguntarnos si todos los halagos recibidos fueron fruto de una estrategia de imagen mientras entre bambalinas se configuraba la hoja de ruta del sector agroalimentario comunitario para los próximos siete años. No sólo nos duele perder parte del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), sino que nos obligan a ser más verdes sin medir las consecuencias que tendrá en el volumen y en el valor de la producción final o sin ponderar el efecto pernicioso para los agricultores y los ganaderos comunitarios, que estaremos en clara desventaja frente a terceros países con sistemas de producción más dudosos, menores exigencias fitosanitarias y condiciones laborales discutibles.

Como agricultores y ganaderos, cuidar la tierra es una de nuestros cometidos -sin ella difícilmente podríamos trabajar- pero no a costa de nuestra rentabilidad. Compartimos, por tanto, parte de la filosofía verde, pero echamos en falta otras medidas como mayores controles en frontera, que garanticen el cumplimiento de las normas sanitarias europeas y los contingentes acordados, o la articulación de mecanismos de gestión de mercado que nos permitan ser más ágiles y eficaces ante los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Herramientas como estas nos ayudaría a salvaguardan los intereses de los productores comunitarios y, por tanto, su competitividad.

Los primeros borradores del futuro Plan Estratégico nacional de la PAC tampoco nos dieron gran consuelo al poner en riesgo la identidad del campo andaluz: un modelo diversificado, dimensionado, profesionalizado e internacionalizado, que genera más de 18.000 millones de euros, emplea al 8% de la población andaluza, fija población al territorio rural y contribuye a la conservación del medio ambiente. La unión de cooperativas y organizaciones agrarias andaluzas consiguió trasladar al Ministerio de Agricultura la importancia de defender la diversidad productiva a través del número de regiones, tarea que ahora debe continuar para asegurarnos que la definición de los ecoesquemas (ayudas por la adopción de prácticas favorables al medioambiente) nos permitirá mantener el peso de nuestro sector agrario andaluz.

Nuestra rentabilidad no puede depender solo de la PAC. Precisamos de políticas claras y coherentes. Y aquí hago un inciso en la Ley de la Cadena Alimentaria, tanto en su modificación como en la futura reforma. En una cadena formada por tres eslabones (productor, industria y distribución), su buen funcionamiento no debe recaer solo en uno de ellos. El Gobierno ha dejado en manos de agricultores y ganaderos el peso de su rentabilidad con la obligación de cubrir costes de producción, y elude así sus responsabilidades y las del resto de actores. No dudo de las buenas intenciones del Ministerio con esta norma, pero la mejora de la competitividad del sector no depende solo del coste en origen, sino de un conjunto de medidas que refuerce nuestra posición en los mercados, como una mayor promoción de los productos, el control en fronteras, el cumplimiento de los contingentes acordados por Bruselas o la defensa contundente de nuestras producciones ante ataques comerciales injustos como los aranceles de Estados Unidos o el veto ruso.

No olvidemos que de toda crisis nace una oportunidad, y la del coronavirus no iba a ser menos. El campo andaluz debe aprovechar los fondos del Plan de Recuperación para Europa, los conocidos como Next Generation, para impulsar la innovación y la digitalización de las explotaciones y de nuestras empresas, especialmente de las cooperativas. El futuro de nuestras explotaciones y empresas también depende de nuestra habilidad para generar mayor valor añadido. Diversificar cultivos, innovar en productos, ser sensibles a las nuevas tendencias de consumo y abordar nuevas formas de comercialización son algunas de las puertas que nos permitirán vender más y a mayor precio.

Bajo esta filosofía ya hemos cultivado un modelo agrario tecnificado, innovador, garante y de calidad a pesar de las adversidades. Nuestros cultivos son testigos de los efectos del cambio climático, con lluvias más cortas e intensas que en pocos minutos acaban con nuestras cosechas. Además, mantener la productividad del campo andaluz cada vez se torna más complejo ante la falta de recursos hídricos. El agua es un recurso esencial para mantener vivas nuestras explotaciones y, por tanto, nuestra competitividad, por lo que precisamos de un Plan Hidrológico en el que se articulen soluciones para el territorio andaluz, entre ellas la culminación de infraestructuras que llevan años a la espera de ser ejecutadas. Y no me quiero olvidar de la recurrente falta de mano de obra, sustentada por un modelo perverso como es el de las peonadas (el famoso PER) que se ha encargado de penalizar a los que sí quieren trabajar en el campo. Sinceramente, no entiendo por qué se premia a la persona que se queda en casa, pero se critica al empresario agrario por contratar contingentes extranjeros para cosechar los frutos de su esfuerzo.

Entonces, ¿cómo vamos a garantizar el futuro del sector agroalimentario español si no somos capaces de mantener la estabilidad presente? La falta de relevo generacional es ya un problema endémico del campo, no por ciencia infusa. La escasa rentabilidad y las dificultades burocráticas para acceder a la tierra o impulsar nuevos proyectos alejan a los futuros agricultores y ganaderos de una actividad con grandes posibilidades de avance. La digitalización agraria y los nuevos métodos de producción –muy en línea con la filosofía verde de Bruselas- abren un amplio abanico de posibilidad laborales que tenemos la obligación de dignificar. Así lo entendemos en Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, desde donde intentamos trasladar a las generaciones venideras los valores de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestras empresas, que ofrecen puestos de trabajo estables, de calidad y con futuro que difícilmente podrán desarrollarse si las explotaciones agrarias se convierten en un gran desierto fruto del hartazgo y del abandono.

Por todo ello, me declaro un firme convencido del futuro de la agricultura y la ganadería, más si se desarrollan al abrigo del cooperativismo agroalimentario. Contar con múltiples puntos de vista en la base de nuestras empresas nos ha ayudado a adaptarnos mejor a las circunstancias y a abonar un modelo resiliente. Unidos afrontamos mejor los envites, tenemos más poder de negociación, abordamos con más solvencia los mercados y tomamos decisiones más acertadas. Unidos, sin duda, somos más fuertes.