Concepción Ortega. Vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba: “Dar el paso a denunciar no inicia un camino fácil, pero no van a estar solas ”

-En las XI Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, la Abogacía volvió a exigir la preceptiva asistencia letrada a las víctimas de violencia de género antes y en la formulación de la denuncia; que además de un derecho, sea una obligación legal. ¿Qué trascendencia tendría esto para las víctimas?

-La trascendencia que tendría que la asistencia letrada a la víctima de violencia de género fuera obligatoria antes y durante la interposición de la denuncia es clave para ellas. Es una reivindicación histórica de la Abogacía dirigida a mejorar la protección de las víctimas y la respuesta de las administraciones. La idea de garantizar la presencia de un abogado o abogada antes de que se inicie el procedimiento, que ya recoge la ley, no tiene otra finalidad que asegurar el que la mujer esté debidamente asesorada por un profesional formado y especializado en su defensa. Es fundamental que la Policía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado comuniquen a los Colegios de la Abogacía los casos de violencia de género, a los efectos de que éstos puedan intervenir desde el principio. No podemos olvidar que el proceso judicial es complicado y la denuncia es el pilar sobre el que se inicia; no hacerlo bien podría tener consecuencias importantes para la víctima. Además, si tenemos en cuenta que el denunciado-investigado jamás declarará si no es en presencia de su abogado, lo que estaríamos garantizando con esta preceptiva asistencia previa para las mujeres es la igualdad entre las partes.

-En esas jornadas también se habló de la necesidad de que todos los órganos jurisdiccionales cumplan con la aplicación de la perspectiva de género en la toma de decisiones. ¿Qué se echa en falta? ¿Podría poner un ejemplo concreto?

-Juzgar sin perspectiva de género da lugar a injusticias y a una interpretación defectuosa de la ley. Asumir esa perspectiva de género en el tratamiento y las decisiones judiciales puede cambiar una resolución judicial. Según como se analicen los hechos el resultado puede ser otro; hablamos de un método de análisis de la realidad y el derecho, no es ideología. No podemos olvidar que estamos ante una mujer que sufre violencia en manos de la persona a la que le unían, o unen, sentimientos afectivos; de la persona de la que se espera actos de amor y no de agresión. Juzgar sin perspectiva de género provoca revictimización, injusticias, que se valoren de manera defectuosa las pruebas y se interprete la ley de igual manera. No hacerlo supone una vulneración clara de los derechos humanos y convierte el proceso penal en una agresión más hacia la mujer. Las víctimas de violencia de género necesitan un análisis sereno de los hechos para juzgar de manera libre y sin estereotipos, de ahí la importancia de la formación de todos los operadores jurídicos. Un ejemplo claro de que no siempre se cumple con la aplicación de la perspectiva de género en el proceso lo vemos en la toma de testimonio a la víctima. No es extraño escuchar cómo se cuestiona el relato de la víctima y cómo se le recrimina cuestiones como, por ejemplo, que la mujer haya tardado en denunciar. Y eso, pese a que ya contamos con una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019, en la que se recoge que esto no debe suponer en ningún caso un motivo para dudar de su credibilidad. El que una mujer se resistiera inicialmente a poner la denuncia teniendo casi que ser obligada por una amiga o por su propio abogado, mientras ella insiste en iniciar un procedimiento civil de divorcio para salir de donde está metida, más que invalidar su testimonio refuerza su neutralidad frente al investigado; su forma de actuar se explica en el miedo que le tiene, en lo anulada que se encuentra como persona.Por desgracia, sigue siendo una reacción habitual en las víctimas de violencia de género el ser reacias, en principio, a denunciar. Entre los motivos destacan el componente afectivo y familiar que unen a la mujer con su agresor; el no saber qué va a ocurrir con ellas, el miedo a la reacción posterior o la ausencia de medios económicos para poder subsistir. La propia denuncia supone un estigma para ellas, reforzando así su sentimiento de culpabilidad. Todo ello las convierte en más víctimas aún, pues lo son del agresor y además lo son también del propio sistema en el que, en muchas ocasiones, les cuesta confiar. Por eso es fundamental que cuenten con la asistencia de un abogado especializado en todo momento.

-¿Cómo puede una mujer ponerse en contacto con las letradas que prestan este servicio?

-Cualquier persona, sea la propia mujer, un familiar o alguien cercano, puede tanto acudir a la sede colegial en calle Morería como llamar al teléfono 957 49 81 03 para solicitar la atención de una abogada del Servicio de Asesoramiento Integral gratuito para Mujeres y esta contactará para concertar una cita lo antes posible.

-El proceso judicial que sigue a una denuncia por violencia de género no es sencillo y no siempre pone a las denunciantes en el centro. En su opinión, ¿qué pasos están aún por dar para que esto cambie?

-Cada año son más las mujeres que rompen su silencio y denuncian las agresiones por violencia de género, pero efectivamente, el proceso posterior no es sencillo. Aunque no podemos negar que legislativamente se ha avanzado muchísimo para evitar que el camino tras la denuncia suponga un daño añadido para la víctima, como decía antes, resulta evidente que se hace necesario un mayor número de medios humanos y materiales para que muchos de esos avances que recoge la ley sean posibles y eficaces para la protección de las mujeres. De ahí la trascendencia de esa asistencia letrada obligatoria e inmediata para las mujeres con independencia de la forma de violencia que sufran, también para las víctimas de violencia sexual. Será el profesional de la Abogacía quien vele porque esa mujer tenga un proceso con todas las garantías, quien le ofrecerá no solo una asistencia jurídica sino un apoyo emocional muy importante para ellas. En este punto, insisto en la trascendencia de que todos los profesionales implicados en la defensa y protección de las mujeres durante el procedimiento judicial cuenten con una formación especializada en violencia de género. No podemos consentir que hoy en día siga ocurriendo que una mujer acuda a comisaría para poner una denuncia y se vuelva a su casa – donde la espera su agresor – sintiéndose cuestionada y porque quien tendría que ayudarla no la ha creído. No podemos consentir que, en la toma de testimonio a la mujer, se ponga en duda su relato porque no se la escucha con perspectiva de género y acaben denegándose determinadas medidas de protección que, en muchos casos, podrían ser determinantes para salvar una vida. Esto, por desgracia, es algo que los profesionales de la Abogacía seguimos presenciando con demasiada frecuencia.

-¿Qué mensaje le gustaría enviar hoy a todas esas mujeres que aún desconfían de que la denuncia vaya a ayudarlas a salir de la terrible situación que viven?

-Les diría que acudan al servicio de asesoramiento jurídico gratuito del Colegio de la Abogacía de Córdoba y que se informen. Nuestras letradas están a su disposición para ayudarlas y mostrarles el camino para salir de la difícil situación que viven. Una vez que pidan ayuda, se les ofrecerá no solo la asistencia jurídica que necesitan para su protección, sino también un apoyo psicológico gracias a que de forma paralela al servicio que presta el Colegio de la Abogacía con la Delegación de Promoción de la Igualdad, existe un servicio de apoyo psicológico a través del Colegio de Psicólogos de Córdoba y también en colaboración con el Ayuntamiento, donde profesionales especializadas acompañarán a las mujeres y las reforzarán a nivel emocional. Es cierto que dar el paso a poner la denuncia no inicia un camino fácil, pero no van a estar solas.