José Carlos Arias. Decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba. Siempre por la Igualdad

La elevada cifra de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas hacen que el reto de acabar con la violencia de género parezca casi un imposible. Una sociedad democrática, como es la nuestra, no puede permitirse ni consentir esta realidad. Es inconcebible que la mitad de un país – las mujeres en España son ya más de la mitad – viva con miedo a perder a manos de quien un día fue su compañero, el bien más preciado que existe: la vida.

Las mujeres se siguen enfrentando de manera desproporcionada a formas específicas de violencia por causa de su género: matrimonio forzado, mutilación genital, discriminación y falta de libertad, violencia física y sexual; y qué decir de la pornografía, una escuela de violencia contra las mujeres en sí misma, a la que tienen acceso cada vez más jóvenes. Seguimos ante un problema de la máxima gravedad donde no cabe la pasividad. De ahí que se haga imprescindible la actuación conjunta y coordinada de los operadores jurídicos, los agentes públicos, privados, entidades, instituciones, los cuerpos de seguridad y la ciudadanía.

La Abogacía de Córdoba no se cansará de hacer propuestas a las instituciones para mejorar la protección de las víctimas y la respuesta de las administraciones. Como profesionales responsables de la defensa de las mujeres que somos, no cejaremos en nuestro empeño por exigir la obligatoriedad de la asistencia letrada a las víctimas antes y durante la denuncia, y la dotación de cuantos profesionales de la Abogacía necesite el Turno de Oficio de Violencia de Género para cubrir con garantías a todas las mujeres que lo necesitan. La labor de los letrados trasciende de lo puramente jurídico, es también un soporte emocional; su actuación se hace indispensable para las víctimas.

Pero también urgen reformas legislativas con las que sigamos avanzando contra cualquier forma de violencia hacia la mujer, como la urgente modificación de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que la asistencia jurídica gratuita sea obligatoria también para las víctimas de la violencia sexual o el desarrollo de una ley específica contra la trata y un turno especializado para sus víctimas.

Nuestra sociedad no puede permitirse dar ni un paso atrás contra la violencia cuando se trata de evitar casos como la agresión sexual de una niña de seis años por dos compañeros de colegio o ayudar a una mujer a salir de la esclavitud que es la trata de personas. Cuando nuestro país está situado en las primeras posiciones en los índices mundiales de demanda de prostitución y de víctimas de trata con fines de explotación sexual, resulta inverosímil que no contemos con una norma específica para su protección.

Termino haciendo un llamamiento a la sociedad en su conjunto, para que extrememos la vigilancia y colaboremos en la prevención de estos hechos y su denuncia ante la más mínima sospecha de que una mujer pueda estar siendo víctima de cualquier tipo de violencia. Sigamos desarrollando actuaciones conjuntas y coordinadas en atención a las mujeres, en concienciación y formación. En nuestra mano está el salvar una vida, Para luchar contra la violencia de género, todo lo que se haga es poco.