Cataluña ha vuelto a discrepar de la reforma educativa planteada por el Gobierno central, en este caso a propósito del nuevo sistema de acceso a los estudios universitarios oficiales, que supone la desaparición de la selectividad como tal. El secretario catalán de Universidades, Antoni Castellá, no ha asistido a la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria como protesta por el tratamiento que el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) otorga al catalán. En esta sesión, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha tratado con el resto de comunidades la modificación del sistema de entrada en las enseñanzas oficiales universitarias.

En Barcelona, Castellá ha opinado que la supresión de la selectividad creará un "caos absoluto" en el sistema universitario y la "indefensión" de los estudiantes. El hecho de que el anteproyecto legislativo reserve al Gobierno la normativa básica para que las universidades fijen sus propios procedimientos de admisión es, según Castellá, "una clara invasión de las competencias exclusivas de la Generalitat". Castellá propondrá próximamente a los rectores de las universidades catalanas, públicas y privadas, una prueba común de acceso que incluiría, además, un examen de catalán.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión sobre universidades, Wert ha comentado que Castellá "lo dirá o no", pero está de acuerdo con lo que prevé la Lomce sobre el acceso universitario, según ha apuntado el ministro. También ha confiado en que se pueda restablecer el diálogo con Cataluña tanto en la Conferencia General de Política Universitaria como en otros foros, en alusión a la Conferencia Sectorial de Educación, que la consejera catalana Irene Rigau abandonó el martes en desacuerdo con la cuestión del catalán en la reforma educativa.

Por su parte, el director general de Universidades de Andalucía, Manuel Torralbo, ha declarado a la prensa que tanto su comunidad como Asturias no están de acuerdo con la posibilidad de que las universidades puedan poner una prueba de acceso, que se sumaría a la evaluación que hay que superar para poder obtener el título de bachiller. Estas comunidades consideran que el examen al final del bachillerato "es suficiente". Torralbo ha comentado que es necesario un sistema que "permita la equidad" entre los estudiantes.

El ministro ha replicado que los procedimientos específicos de acceso de las universidades son "potestativos" de éstas, así que "a nadie se le obliga a ponerlos". Pueden utilizarlos, ha argumentado, quien crea que, quizás, uno de los ingredientes que le falta al sistema universitario español es la capacidad de diferenciación interna. El ministro ha explicado que los requisitos adicionales que pudieran decidir las universidades no podrán ser una forma de discriminación contraria a la equidad. El director general de universidades de Aragón, Tomás Martínez Terrer, ha asegurado que las pruebas específicas que pudieran convocar las universidades serían para casos puntuales. Y el de Castilla y León, Ángel de los Ríos, ha indicado que esos exámenes serían para casos extraordinarios y sólo cuando haya "escasez de plazas".

Según la propuesta de la Lomce, el título de bachillerato facultará para acceder a las enseñanzas universitarias, para lo que se tendrá en cuenta la calificación final obtenida en esa etapa. Los procedimientos de admisión en las universidades, que podrán ser comunes entre ellas, podrán tener en cuenta uno o varios criterios adicionalmente, como la calificación final de bachillerato, modalidad y materias cursadas en esta etapa relacionadas con los estudios universitarios o calificaciones obtenidas en éstas. También podrán considerarse la formación académica o profesional complementaria del alumno y estudios superiores cursados antes. De forma excepcional, las universidades podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y competencias académicas. En cualquier caso, el valor de la calificación final del bachillerato será del 60 por ciento como mínimo en el procedimiento de admisión.

Sobre las enseñanzas artísticas superiores, tendrán la denominación de "títulos superiores" y la equivalencia a los grados universitarios "a todos los efectos", según Wert. Una sentencia del Supremo rechazó la denominación "grado" para esas enseñanzas por considerarla exclusiva de los estudios universitarios.