La fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de 24 años y medio de cárcel por el asesinato de la viuda del ex presidente de Caja Mediterráneo (CAM) María del Carmen Martínez para su yerno, Miguel López, el único acusado una vez concluida la instrucción judicial.

Tanto el ministerio público como la acusación que ejerce su cuñado e hijo primogénito de la víctima, Vicente Sala Martínez, han pedido una pena de 23 años por un delito de asesinato y 18 meses más por tenencia ilícita de armas en el transcurso de una vistilla ante el juez que debe decidir si se abre juicio oral o si se archiva el caso.

Durante cerca de tres horas, las partes han defendido sus argumentos ante el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, y la que la defensa de Miguel López, que ejerce el abogado Javier Sánchez-Vera, ha refutado los indicios de delito y ha instado al sobreseimiento de las actuaciones.

El juez deberá decidir en las próximas 72 horas si eleva el caso a la Audiencia Provincial para un juicio por el procedimiento del jurado o si, por el contrario, archiva el caso.

A este paso previo antes de la previsible apertura de juicio no ha comparecido la acusación particular que han ejercido durante la instrucción las hijas del matrimonio del ex presidente de CAM Vicente Sala y la víctima, ya que el juez las ha apartado en un reciente auto, según fuentes judiciales.

El teniente fiscal de Alicante, José Llor, ha relatado que las partes se han mantenido en sus peticiones iniciales y han valorado las pruebas practicadas durante la instrucción.

El crimen

María del Carmen Martínez, de 72 años, falleció sobre las 19:00 del 9 de diciembre de 2016, minutos después de recibir dos disparos en la cabeza a corta distancia en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y que administraba el único investigado, Miguel López.

Éste fue detenido como presunto autor material del crimen en febrero del año siguiente aunque quedó en libertad provisional, tras permanecer unos 40 días en prisión preventiva, al depositar una fianza de 150.000 euros.

La Policía sostiene que el móvil del asesinato fue la guerra por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido ex presidente de la caja de ahorros alicantina Vicente Sala. Su viuda y el hijo primogénito del matrimonio estaban enfrentados a las otras tres hijas del matrimonio y a los maridos e hijos de éstas por ese control de la compañía.