Tres mil pulseras estarán a disposición de los juzgados a partir del 24 de julio para mejorar el control de las medidas de alejamiento de los maltratadores respecto a sus víctimas con mayor riesgo y para advertir a los agresores de que están siendo vigilados. El Gobierno, en una rueda de prensa conjunta de los ministerios de Justicia, Igualdad e Interior, además de la Fiscalía General y el Consejo del Poder Judicial, presentó ayer estos dispositivos con los que se pretende mejorar la seguridad de la víctimas, darles confianza y comunicar a los agresores que están controlados.

Con estos dispositivos -en los que se han invertido 5 millones de euros-, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró que se quiere "decir al agresor que le estamos vigilando, que 40 millones de españoles le están observando" y que la mujer "no está sola, sino que la sociedad está vigilando" cualquier intento de aproximación a la víctima. La mujer llevará una de las unidades electrónicas, similar a un teléfono móvil, que informa de su situación a un centro de control y permite la comunicación de voz y pulsar un botón de pánico.

Además, puede percibir si el agresor se aproxima a menos de 500 metros. El maltratador tendrá otro dispositivo similar y una especie de pulsera, que podrá colocarse en la muñeca o el tobillo, que es un transmisor que envía señales a la central de control y a la víctima.

Los avisos que genera el sistema, alarmas y alertas, son recibidos en un único centro de control, gestionado por una empresa de seguridad privada, que comunicará inmediatamente de cualquier incidencia al cuerpo policial encargado de la seguimiento de la víctima.

Las alarmas se activan cuando se quite o rompa la pulsera el agresor, entre en la zona de exclusión de la víctima, se separe 10 metros del dispositivo o se pierda la cobertura del sistema de localización.

"A partir de que se recibe una alarma o alerta, el protocolo establece a quién se debe avisar, en unos casos a los servicios sociales y en otros casos a las Fuerzas de Seguridad", dijo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien insistió en que "el sistema se pone en marcha de forma inmediata". De esta forma, los agresores "se lo pensarán dos veces" antes de intentar agredir a su pareja, que se va a "sentir más segura", añadió. Rubalcaba anunció que en las próximas semanas se presentará un sistema que incluirá los datos de las víctimas y el nivel de riesgo que puedan tener, y cuya información podrá ser consultada por todas las Fuerzas de Seguridad.

El Gobierno considera que los tres mil dispositivos que se ponen a disposición de todas las autonomías y de las ciudades de Ceuta y Melilla, serán de momento suficientes -son el 10% de las órdenes de alejamiento dictadas en 2008-, ya que con este sistema se quiere dar respuesta a las situaciones de mayor riesgo.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó que se trate de un mecanismo que se utiliza de forma cautelar para la protección de las víctimas y recordó el esfuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer y de los distintos protocolos suscritos para luchar contra este tipo de agresiones.

Desde el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán destacó la importancia de este sistema para superar la aplicación "hasta ahora dispar y de manera escasa" de los sistema de control de alejamiento y para "hacer más efectivas las decisiones judiciales".

También intervino en la firma de este protocolo de actuación, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, quien apostó por seguir dando pasos para garantizar la seguridad y la confianza de las víctimas "asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan suceder las 24 horas del día".