La evaluación del sistema de atención a la dependencia (SAAD), elaborado por un grupo de expertos por encargo del Ministerio de Derechos Sociales, propone revisar en profundidad el modelo de residencias y adecuar las prestaciones y los servicios a las necesidades de las personas.

En un extenso documento, los expertos analizan el funcionamiento de un sistema que ya ha cumplido más de 15 años y que se quiere mejorar con el plan de choque aprobado en 2021, que entre otros objetivos persigue la desinstitucionalización, mejorar la coordinación sociosanitaria y entre administraciones, así como las condiciones laborales de los profesionales.

Proceso lento y rígido

"El acceso al SAAD en sus diferentes fases y procesos es manifiestamente mejorable", concluye esta evaluación, que propone intensificar la reducción de los tiempos de espera comprometida en dicho plan de choque. "Se trata de un proceso excesivamente lento y que incumple las previsiones de la ley".

Atribuye esa falta de agilidad a las rigideces del propio procedimiento, la participación "de demasiados actores mal coordinados", la insuficiencia de medios humanos y materiales y la falta de oferta suficiente de servicios.

El 80% de los convivientes deben complementar los cuidados

Los servicios y prestaciones no se ajustan suficientemente a las necesidades de los dependientes, tanto por su escasa intensidad y calidad, sino también por la propia limitación del catálogo de prestaciones y servicios, definido hace 16 años, detalla el documento coordinado por Gregorio Rodríguez Cabrero y Vicente Marbán Gallego.

"La cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia", por lo que se propone introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad.

El 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones con cuidados informales o servicios contratados de forma particular. "Esta realidad señala con claridad la necesidad de seguir aumentando la cobertura del sistema con la ampliación y reforma del catálogo de prestaciones y un mayor compromiso financiero por parte del sector público", diagnostican.

Siete de cada diez son atendidos sólo por la familia

Los cuidados familiares siguen siendo la columna vertebral: el 69,8% de las personas en situación de dependencia son atendidas única y exclusivamente por la familia, sin participación de ningún otro recurso del entorno. El 27,3% de las cuidadoras familiares son hijas y el 24,3% cónyuges, mayoritariamente esposas.

La mitad de las personas cuidadoras principales llevan prestando esta atención más de ocho años, "lo que supone un coste directo e indirecto muy elevado", señala.

Además, los expertos creen que no se han desarrollado suficientemente en España los mecanismos de regulación, acreditación, inspección, certificación y evaluación de la atención que permiten avanzar hacia una atención de calidad.

Reforma profunda de las residencias

Mejorar el actual catálogo de servicios, promover los multiservicios para zonas rurales, también aquellos que favorezcan el derecho de permanencia en el domicilio y favorecer fórmulas alternativas de alojamiento con apoyos, son otras de las propuestas de la evaluación, realizada con los datos remitidos por las comunidades y una treintena de entrevistas a profesionales y entidades del tercer sector.

"A su vez, es necesario revisar en profundidad el modelo de residencias", aseveran los expertos, que opinan que el acuerdo alcanzado sobre la reforma de los centros y de la calidad de los servicios "es un paso adelante en esta dirección".

También, recomiendan impulsar nuevos modelos de vivienda y alojamiento con apoyos, como espacio intermedio entre el domicilio y el centro residencial, como son los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias.

1,5 millones de beneficiarios y 8.321 euros por dependiente

El gasto de las prestaciones de dependencia alcanzó en 2021 casi 10.000 millones de euros, 8.321 euros al año por dependiente.

Esta inversión social beneficia a mediados de 2022 a casi un millón y medio de personas incluidas en el sistema y supone el 0,82% del PIB, "lejos del objetivo marcado en la memoria económica de la ley, que señalaba el 1%" y de los estándares de los países más desarrollados de la UE.

Recuerda que el plan de choque de enero de 2021 ha permitido añadir al presupuesto 1.335 millones de euros (600 de los Presupuestos y 735 de Fondos Europeos) y que se incrementa en 2022 con otros 600 millones, por lo que la inversión total prevista del Plan de Choque será de 3.600 millones hasta 2023.

Más inspecciones y mejorar los salarios

El informe plantea la necesidad de reorientar y reforzar los servicios y procedimientos establecidos para la inspección de los servicios, que las comunidades han desarrollado "de forma desigual e insuficiente".

"El desarrollo en España de las herramientas de certificación, normalización y publicación de estándares y guías de buenas prácticas ha sido escaso y, sobre todo, heterogéneo y disperso", indican los expertos. La evaluación de impacto de las prestaciones y servicios es un reto de futuro, expone.

Alerta de las necesidades de empleo a largo plazo en el sector de la dependencia. De cumplirse las proyecciones de población del INE, las necesidades de profesionales de los cuidados se incrementarán desde 452.000 en 2022 a 648.000 en 2040.

"Mejorar los salarios y reducir las diferencias salariales por género es una exigencia inaplazable para la mejora de la calidad del empleo", indican los expertos, que muestran que el salario bruto anual entre 2009-2020 se situó en 17.407 euros en la atención a la dependencia.