Los ecologistas dan un suspenso al Gobierno en política medioambiental

Suspenso para el presidente del Gobierno y para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por su "parálisis total y absoluta" en aspectos "clave" para la política medioambiental. Esta es la calificación que han puesto a José Luis Rodríguez Zapatero las principales organizaciones ecologistas de España. Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirthLife y WWF presentaron ayer el documento Un programa por la Tierra. Un año sin política medioambiental con el fin de hacer un balance de la gestión ambiental del Gobierno en el primer año de legislatura.

"Al Gobierno le damos un suspenso muy claro. Hemos visto una parálisis en algunas medidas e, incluso, algunos retrocesos clarísimo", denunció el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González. Todas las ONG coinciden en que las políticas medioambientales no forma parte de las "prioridades" del Gobierno, el cual "se escuda en la crisis para promover prácticas totalmente insostenibles", tal y como destacó la secretaria general de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler.

El retroceso se ha reflejado también, según los ecologistas, en la política de información y comunicación, que se traduce en una clara falta de receptividad por parte del Gobierno, en particular, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como en una falta de transparencia.

A pesar de ello Liliane Spendeler, subrayó que las organizaciones ecologistas no se resignan y han elaborado un documento conjunto en el que hacen un llamamiento al Gobierno para que cambie de rumbo en su política ambiental, para lo cual proponen diez medidas concretas.

Entre ellas, destaca el cierre urgente de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que está "completamente agotada y con graves problemas de seguridad", según puso de relieve el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. Con respecto al debate levantado en los últimos días sobre la posible utilidad de la energía nuclear, el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López Uralde, aseguró que esta fuente de energía no podrá resolver los verdaderos problemas energéticos a los que se enfrenta España. "No hay uranio suficiente como para conseguir como dicen que las emisiones se reduzcan significativamente", afirmó, denunciando que se está dedicando "demasiado" tiempo a un debate "falso".

Los ecologistas denunciaron también la falta de transparencia de la que adolece la política energética del Gobierno y fueron especialmente críticos con Miguel Sebastián, que, señalaron, permite que en el Ministerio de Industria "campen a sus anchas los 'lobbies' energéticos".

Así lo aseguró López de Uralde, quien señaló que las políticas del Gobierno carecen del impulso necesario en un año clave para la lucha contra el cambio climático, en el que se deberá acordar el pos-Kioto en la Cumbre de la ONU, que tendrá lugar en Copenhague en diciembre.

Siguiendo con las reivindicaciones que plasman en el documento, las ONG ecologistas denunciaron que nuestro país es el único de la Unión Europea (UE) que cultiva transgénicos "a gran escala". En cuanto a las políticas del aire, Luis González recordó que 16.000 personas mueren al año por la baja calidad del aire. "Existe una enorme permisividad del Ministerio de Industria con los sectores del cemento y las termoeléctricas", destacó.

La falta de una política de aguas es otra de las preocupaciones de estas ONG que puso de relieve el director ejecutivo de SEO, Alejandro Sánchez, quien exigió al Gobierno el abandono definitivo de la política de trasvases y la vuelta a la cultura del agua de la anterior titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

A estas peticiones de los ecologistas, se suman la solicitud de demolición urgente del hotel "ilegal" de El Algarrobico (Carboneras, Almería); el abandono del proyecto de la refinería en Tierra de Barros (Badajoz); la creación de una reserva para el atún rojo en Baleares, "el mínimo que se puede pedir para salvar la especie"; reformar el proyecto de Ley de modificación de la evaluación de impacto ambiental; y retirar los proyectos de la autovía de Dos Mares (que une Cantabria con Castilla-León) y la de Cáceres-Badajoz.