Unas 25 mujeres usuarias de la clínica Isadora han sido citadas por el Juzgado número 47 de Madrid para declarar como testigos sobre unas presuntas irregularidades en este centro de interrupción voluntaria de embarazos.

En declaraciones a Efe, una portavoz de la clínica madrileña ha expresado su sorpresa debido a que hasta la fecha no ha sido llamado a declarar ninguno de los sanitarios que trabajan en la clínica, de la que el juez José Sierra Fernández sí ha solicitado documentación e historiales clínicos.

Ayer mismo compareció una de las alrededor de 25 mujeres que "supuestamente han hecho uso de los servicios de la clínica Isadora", y lo ha hecho ante el juez de este caso, que está bajo secreto sumarial. La investigación arranca de la denuncia presentada años atrás por la asociación La Vida Importa contra dicho centro por supuestos abortos ilegales.

La portavoz ha afirmado que detrás de estos hechos hay "una clara persecución política", al tiempo que ha criticado que la Guardia Civil se haya presentado en los domicilios de algunas de las mujeres llamadas a testificar.

Por su lado, la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha ofrecido a estas mujeres su apoyo y ha puesto a su disposición los servicios jurídicos de la asociación.

Para ACAI es "inconcebible que en un Estado de Derecho que reconoce por ley la prestación del aborto las mujeres que interrumpen su embarazo y los profesionales que facilitan este recurso sean objeto de una persecución política sin precedentes". "Es claro -subraya- el interés político en mantener la causa abierta por el Juzgado número 47 de Madrid contra la Clínica Isadora".

Todo ello, a pesar de que la clínica ha sido inspeccionada tanto por el Seprona como por la Dirección General de Sanidad sin que se haya encontrado indicio de delito, añade la asociación. Además, ACAI asegura que el Instituto Anatómico Forense falló que los restos orgánicos, que avalarían supuestamente la comisión de abortos ilegales, no eran probatorios de ilegalidad alguna.

En su opinión, "los llamamientos realizados a las mujeres para declarar no son sino una vuelta de tuerca más de una campaña política cuyo objeto es evitar el ejercicio de este derecho legítimo".

Así, las clínicas piden el apoyo de las fuerzas sociales y políticas para buscar "el consenso necesario para realizar una reforma de la ley que impida los abusos de autoridad y de poder que se están produciendo", ya que consideran "ineludible terminar con la inseguridad jurídica a la que se ven sometidas las mujeres que recurren al aborto y los profesionales que lo posibilitan".

Por su parte, el presidente de la plataforma La Vida Importa, Juan Sánchez, rechazó que haya interés político en el mantenimiento de la causa abierta por su denuncia contra Isadora y pidió a las clínicas que "dejen de hacerse las víctimas y dejen actuar a la Justicia, como hacemos nosotros".

Por otro lado, asociaciones pro vida acusaron a las clínicas abortistas de "presionar con la huelga para obtener una ley de plazos" que permita abortar "sin justificación" en las primeras semanas de embarazo.

Para la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), "esa huelga es una tapadera en la que no va a perder dinero ningún centro de abortos", y que "está llevando a muchas mujeres a replantearse el aborto, buscar alternativas de las que nadie les había hablado y seguir con su embarazo". En opinión de Paloma Tornero, psicóloga de AVA, "las citas sólo han sido aplazadas".

Fuentes de la asociación Madres Asturianas en Riesgo (MAR) señalan que las clínicas abortistas "se hacen las víctimas, cuando está demostrado que se han saltado la ley". Para MAR, "la huelga es para presionar, para pedir la ley de plazos". "Muchas chicas ni siquiera saben que existen otras alternativas al aborto y nadie les explica en qué consiste", afirman desde esta asociación.

Esta asociación asturiana ha tenido conocimiento de tres mujeres a las que se les retrasó la cita para abortar concertada en clínicas asturianas.