La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció ayer la creación de una mesa de seguimiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad. En el marco del Consejo Nacional de la Discapacidad, Cabrera dio a conocer esta medida, que supondrá un "nuevo impulso" a las políticas derivadas de la Convención de la Naciones Unidas (ONU) dirigidas a este colectivo.

"Esta comisión será el impulsor esencial de las políticas que el Gobierno ha puesto en marcha y confirmará el compromiso con la convención de la ONU", afirmó. Además, confirmó que el "aseguramiento de la "accesibilidad universal" y la incorporación de las personas discapacitadas al mercado laboral serán otras de las líneas principales de esta mesa.

Cabrera insistió en la necesidad del Gobierno de desarrollar "políticas transversales" para facilitar las medidas destinadas a este colectivo. En este sentido, incidió en la "enorme ventaja" que supone para su ministerio reunir las políticas sociales y de educación. "Ésta es una buena noticia que, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad [celebrado ayer], pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de facilitar la incorporación de personas discapacitadas en todos los ámbitos", concluyó.

Cabrera recordó que hace un año España ratificó la Convención de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que entró en vigor el pasado mes de mayo y que conllevará numerosos cambios legislativos para salvaguardar los derechos de los discapacitados. Esta Convención prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que los estados deberán implantar para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas.

En España, 3,8 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad, según los resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia de 2008. De ese 8,5% de la población, 608.000 viven solas y más de un millón no puede realizar ninguna de las actividades básicas sin ayuda.

La asociación para la defensa de las personas con discapacidad Invest for children denunció ayer, que dos de cada tres discapacitados en edad laboral no tienen trabajo y se encuentran apartados de este mercado, lo que confirma el reiterado incumplimiento de la Ley Social de Integración de Minusválidos (Lismi) en numerosas empresas. La organización señaló que esta situación demanda "una mejora sustancial de las labores de integración", como única vía para acabar con esta situación que afecta a un millón de discapacitados en España. Por su parte, la organización para la defensa de los derechos de los niños Save The Children señaló que, el 80% de los niños que sufren discapacidades en el mundo están en países en vías de desarrollo.