El fiscal elevó ayer hasta las penas máximas por los delitos de intento de asesinato, violencia doméstica habitual y contra la integridad moral, que suman 21 años de cárcel, su petición de condena para la madre de Alba y su pareja por la paliza que dejó a la niña inválida en marzo del año 2006.

En sus conclusiones definitivas, el Ministerio público decidió ayer endurecer su pena y elevarla de 19 a 21 años dada la "terrible situación" que soportó Alba durante meses, sometida a "una violencia, humillación y degradación continua", lo que, en su opinión, merece el castigo más severo previsto en el Código Penal.

Por su parte, la Generalitat, que ejerce la acusación particular en la causa, también ha aumentado su propuesta de condena para los procesados a 28 años y medio de prisión, dos y medio más de lo que pedía inicialmente.

Ambos también solicitan una indemnización de 1,5 millones de euros para la menor que, con una discapacidad del 90%, necesitará siempre ayuda para realizar todas sus actividades cotidianas, como vestirse, asearse o comer. Además, sufre un importante perjuicio estético, ya que a resultas del golpe en la cabeza perdió "sustancia ósea craneal", es decir, "le falta literalmente medio cráneo", señaló el fiscal.

Al final del juicio, que ayer quedó visto para sentencia, la madre de Alba ejerció su derecho al uso de la última palabra para solicitar al tribunal que le permita tener información sobre la evolución de su hija, si no directamente, a través de sus psicólogos o asistentes sociales.

En sus informes finales, el Ministerio fiscal, convencido de que el acusado Francisco Javier P. es el autor material de los maltratos a Alba, cargó contra Ana María C., a la que, confesó, ha evitado en todo momento llamar madre porque, a su juicio, "madre es algo más que eso".

El acusador público acusó a la procesada de haber "cerrado los ojos" ante unos malos tratos que, en su opinión, eran evidentes, dado que fueron relatados por la propia hija del acusado, Maite, de seis años, y de haber mentido a todo el mundo para ocultarlos. Es por ello que el fiscal también pide que le retiren la patria potestad definitivamente.

El día de la última paliza, el 4 de marzo de 2006, la mujer dejó a solas a su hija con el procesado con la "excusa tan absurda como ponerle la chaqueta" y después "mintió a todo el mundo sobre lo ocurrido", hasta que fue detenida y cambió la versión de la caída de la cama por la de que ella esperaba en la calle cuando bajó Francisco Javier P.E. con Alba en brazos. "Sabía que había hecho algo mal dejándola a solas con Francisco Javier", afirmó el fiscal.

Para el fiscal, la "inexplicable pasividad" de Ana María C. no es sino un "encubrimiento" propio de los maltratos a que ella y su pareja sometieron a Alba, hasta el punto de convertirla en una niña "que rehuye el contacto físico", siente miedo cuando le tocan la cara y somatiza su malestar con caídas de cabello y sangrados nasales.

Asimismo, justificó la descoordinación de las administraciones en la protección de Alba en el hecho de que Ana María C. culpaba siempre al padre biológico "para ocultar su propio maltrato".

El fiscal destacó la absoluta credibilidad de la declaración de Maite, principal testigo de esta causa y que incriminó a su padre en los maltratos en un relato que ayer fue puesto en duda por las defensas.

El abogado de Ana María C, José Luis López, advirtió que a Maite no se le informó de que tenía derecho a no declarar contra su padre cuando los psicólogos del equipo de Asistencia Técnico-Legal la exploraron ante el juez instructor, con lo que, a su parecer, Francisco Javier P. ha perdido "una oportunidad procesal".

La defensa de la madre de Alba insistió en que la mujer ignoraba que su hija era víctima de maltratos y señaló que éstos no debían ser tan evidentes ni tan graves cuando ni los "preparados" profesionales de la Generalitat ni la Fiscalía hicieron nada por impedir que continuaran.

En su opinión, Ana María C. puede no ser la mejor madre del mundo, pero ella no sabía que Francisco Javier P.E. iba a matar a su hija y, además, llevó a la niña al ambulatorio cuando la vio inconsciente para que recibiera "asistencia médica gracias a la cual se evitó la muerte" de la menor.

Por su parte, el letrado de Francisco Javier P., Juan Córdoba, lanzó sospechas sobre la madre de Alba y su padre biológico al admitir que existía "una persona maltratadora" de la niña, pero que ésa no era su cliente.

En opinión de esta defensa, las pruebas forenses expuestas durante el juicio apuntan a que la niña había sufrido episodios de violencia incluso antes de que su madre conociera a Francisco Javier P. y, "por sentido común", añadió, "parece totalmente imposible que Alba sufriera la actuación de dos maltratadores".

Respecto a la paliza que dejó a la niña en coma, el abogado, basándose en la declaración de los peritos médicos que él aportó, aventuró que el golpe pudo producirse horas antes y que la menor mantuvo la lucidez durante ese lapso de tiempo hasta que se desplomó cuando se encontraba con el acusado. El letrado Juan Córdoba sostuvo que no hay "ni un solo dato probatorio" contra su cliente.

La letrada de la Generalitat, por su parte, ha lamentado que, debido a la disminución del 90 por ciento que Alba sufre, en el juicio no se haya podido disponer de la "prueba directa" del crimen, su relato de lo sucedido, que, a su entender, "seguramente habría sido escalofriante".