El Estado español ha gastado hasta el momento más de 17,7 millones de euros (25 millones de dólares) en las acciones judiciales iniciadas hace varios años en distintos tribunales de Estados Unidos (EEUU) para exigir responsabilidades por el hundimiento del buque petrolero Prestige frente a las costas gallegas, el 19 de noviembre de 2002.

Según informó Izquierda Unida en una nota de prensa, que recoge datos de una respuesta parlamentaria del Gobierno a su portavoz, Gaspar Llamazares, pese al coste ya desembolsado, estas acciones "prácticamente no han hecho más que empezar" y "queda aún muy lejos que se pueda dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión".

Con respecto a los motivos y objetivos que llevaron al Ejecutivo a abrir esta vía judicial, el Ejecutivo explica que "ante la magnitud del desastre y de su coste, el Gobierno de España, entre otras acciones judiciales, decidió reclamar por esos gastos la responsabilidad de la empresa norteamericana American Bureau of Shipping (ABS) ante los tribunales norteamericanos".

ABS fue la sociedad clasificadora que certificó las condiciones de navegabilidad del Prestige y el Estado español entiende que es responsable de que el buque navegara sin reunir las condiciones.

Por otro lado, el Ejecutivo reitera que la catástrofe que supuso el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas "ocasionó un gasto para el Estado español que asciende a más de 711 millones de euros".