Un primer paso. La Junta de Andalucía ya prepara la parcela en la que está previsto que construya su gran sede administrativa. Este solar, situado entre las avenidas de Málaga y Cádiz, y las calles Juan de Mata Carriazo y Felipe Hauser, era utilizado hasta como aparcamiento indiscriminado sin ningún tipo de control ni de seguridad. Hace unos días, se produjo el desalojo y la instalación de un vallado perimetral que impide que las personas que estaban explotando ilegalmente el parking puedan seguir haciéndolo. La intención de la administración autonómica es que el nuevo edificio esté listo a lo largo del 2022, siempre que la incidencia del Covid-19 no haga saltar por los aires estos planes. El plazo de ejecución de las obras, en cualquier caso, sería de 18 meses.

El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado de mes de julio la construcción de este edificio con el que se pretende ahorrar dinero de alquileres. Así lo explica la memoria justificativa del proyecto: “La dirección general de Patrimonio pretende la concentración de servicios en un número menor de sedes, potenciando los edificios múltiples, buscando un uso más eficiente del espacio y ahorro de costes de gestión, como son el mantenimiento, seguridad y limpieza de lo edificios. Por ello, tras el análisis de los inmuebles destinados a sedes administrativas y en aras a la posible eliminación u optimización de contratos de arrendamientos actualmente vigentes, se tiene prevista la construcción de un edificio administrativo en Sevilla”.

Actualmente, según los datos de Patrimonio, la Junta cuenta con alrededor de un centenar de inmuebles diseminados por la ciudad que acogen distintos departamentos. Con la construcción del nuevo inmueble se ahorrarían unos 80 millones de euros al año, y teniendo en cuenta que el coste sería de 77 millones, la optimización de recursos, y no sólo económicos, es evidente.

Solar propiedad de la Junta de Andalucía junto a la estación de Cádiz en el que se construirá el nuevo edificio administrativo.

La parcela en la que se construirá la nueva sede administrativa cuenta con una superficie de 7.110, 64 metros cuadrados. El proyecto fue encargado en 2007 por la Consejería de Economía y Hacienda a VS60 Arquitectos. El proyecto básico y de ejecución, firmado por los arquitectos Antonio González Cordón y Antonio González Liñán, concluido en 2009, ha sido objeto de una supervisión y revisión este mismo año.

El objetivo es unificar en este espacio todos los organismos dispersos por la ciudad y ahorrar unos 80 millones en alquileres

El rompedor edificio será eficiente energéticamente y contará con una superficie construida sobre rasante de 28.636 m2 en 7 plantas y de 19.240 m2 en tres plantas de sótano. La superficie total construida sumará 47.876 m2. El nuevo edificio mirará hacia la antigua estación de Cádiz, integrándose con la plaza que se construyó a su entrada. “Se configura como una doble crujía que se despliega sobre si misma como una manzana cerrada retranqueada sobre la que se cruzan, en las plantas altas, distintos volúmenes que vuelan sobre el espacio público”, señala el proyecto.

Otra perspectiva del edificio proyectado por la Junta.

La iniciativa plantea una colaboración público-privada, mediante la puesta a disposición del suelo patrimonial, la construcción del edificio y su posterior arrendamiento a la consejería competente mediante un contrato que ponga a su disposición un edificio de oficinas con gestión integral del propietario de los contratos (vigilancia y seguridad, limpieza y mantenimiento). La dirección general de Patrimonio incide que la compleja operación requerirá de un estudio para determinar las fórmulas más convenientes para que la inversión no consoliden en el endeudamiento público. Por ejemplo, podría implicar que transcurridos 25 años la construcción pase a ser propiedad de la Junta mediante el ejercicio de derechos de reversión o una opción de compra.

Para el impulso del proyecto, Patrimonio ha solicitado que sea asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos, por el que se establecen medidas para la reactivación económica ante la situación provocada por la pandemia.