Desde la medianoche del jueves, estamos oficialmente en campaña electoral en Andalucía. Los consejeros de la Junta viven desde entonces en un sprint de actos y visitas, al tiempo que los grupos de la oposición andan inmersos en una contrarreloj de paseos electorales, encuentros con colectivos y mítines. Hay quien aprovecha para vender los logros y lanzar promesas desde la administración que gobierna, como hizo el viernes por la tarde el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en Hinojosa del Duque en un encuentro con cargos públicos del partido en el norte de la provincia, donde aprovechó para destacar el apoyo del Ministerio de Fomento al desdoble de la N-432. Y hay quien aprovecha estos días para poner la zancadilla y desempolvar asuntos que pueden hacer daño al rival.
Algo así ha ocurrido esta semana en la Diputación de Córdoba, donde el PP ha vuelto a la carga con el escándalo de la Fundación Guadalquivir, un auténtico espino para los socialistas de la provincia que sólo parece enmarañarse más y más. Tras meses de declaraciones cruzadas y silencios, el portavoz del PP, Andrés Lorite, pedía el lunes la dimisión de la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPBS) y alcaldesa de Luque, Felisa Cañete (PSOE), por la subvención de 40.000 euros que en mayo de 2016 materializó con la Fundación Guadalquivir y que, según la oposición, habría servido para contratar durante seis meses al hijo del ex regidor luqueño Telesforo Flores, también socialista. El portavoz del PP también reclamaba al presidente que dé explicaciones, sin obviar que en su papel de secretario provincial del PSOE esta revelación puede hacer daño al partido rival, que opta a revalidar su fortaleza en Andalucía según adelantan las encuestas.
La actividad y las cuentas de la Fundación Guadalquivir se encuentran investigadas por la justicia a raíz de las supuestas mordidas al salario de los trabajadores. "Lo que intentaban esconder es que uno de los contratados era el hijo de Telesforo Flores", llamó la atención el portavoz popular. No hace falta ser hilar mucho para seguir las insinuaciones: Cañete era teniente de alcalde de Luque cuando Flores era regidor en la localidad de la Subbética.
Y de una zancadilla a otra. Porque es tiempo electoral y ya se sabe que los partidos se ponen muy nerviosos en los días previos a cualquier cita con las urnas. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias llevan toda la semana, pancarta en mano, de ronda por las sedes de los partidos, a quienes reclaman un mayor compromiso con la situación de un colectivo que como consecuencia de los recortes impuestos por la crisis perdió parte de su poder adquisitivo y todavía no lo ha recuperado. También reclaman mejores condiciones laborales y alertan de que esta precariedad les lleva, irremediablemente, a la inseguridad. Para materializar el malestar, los trabajadores andan inmersos en una huelga de cuatro días que culmina el próximo martes, 20 de noviembre.
Los médicos de Atención Primaria también han salido en los últimos días de las consultas para reclamar, mientras que en la Diputación, de nuevo, los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios siguen a la gresca para reclamar su reconocimiento profesional como integrantes del grupo C-1. Así, a partir de mañana lunes y hasta el viernes 30 tienen previsto instalar una mesa informativa en la puerta del palacio de la Merced desde la que difundirán octavillas con "las demandas e incumplimientos" respecto al colectivo. Y la traca final será el 29 de noviembre, apenas unos días antes de la cita con las urnas, cuando han convocado una manifestación por las calles de Córdoba capital "como medida de protesta por la precariedad laboral existente en la actualidad en el colectivo de bomberos" y, de nuevo, por los "incumplimientos de los diferentes acuerdos por parte del Consorcio con los sindicatos". Ahí es nada.
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