Provincia

Los sindicatos demandan a la patronal agraria por no aplicar el salario mínimo en Córdoba

  • UGT y CCOO llevan ante la Justicia a COAG y Asaja tras no alcanzar un acuerdo en el Sercla por la aplicación del Real Decreto que eleva a 900 euros lo que debe cobrar un trabajador

Unos jornaleros, en una finca de cítricos en la Vega del Guadalquivir. Unos jornaleros, en una finca de cítricos en la Vega del Guadalquivir.

Unos jornaleros, en una finca de cítricos en la Vega del Guadalquivir. / R. Morales

La paz social en el campo está rota en la provincia de Córdoba. La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba y la Federación de Industria de CCOO interpusieron ayer una demanda de conflicto colectivo contra las patronales Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) tras no llegar a un acuerdo en la mesa paritaria para la implantación de la subida del salario mínimo interprofesional en el sector agrario. El colectivo está integrado por más de 65.000 cordobeses, que “en muchos casos están viendo sus derechos vulnerados”, según han denunciado los sindicatos.

Tras la suspensión de la primera convocatoria de la mesa paritaria el pasado 17 de mayo después del anuncio de movilizaciones por parte de CCOO y UGT, se programó un nuevo encuentro, que se celebró ayer viernes en las instalaciones del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Para “propiciar el diálogo”, los sindicatos han explicado que decidieron aplazar la concentración prevista para el 21 de mayo en la sede de Asaja hasta conocer la postura de la patronal en la mesa paritaria respecto a la aplicación del Real Decreto del 21 de diciembre por el que se regula el incremento del salario mínimo hasta los 900 euros al mes para este 2019.

Los sindicatos han denunciado que a pesar de su “buena disposición”, la patronal “se ha cerrado en banda” y “no modificará” las tablas salariales del campo. Ante esta postura, los sindicatos han interpuesto, acto seguido, una demanda de conflicto colectivo cuyo primer acto de conciliación está fijado para el 6 de junio. En caso de no alcanzar un consenso, CCOO y UGT han avisado de que continuarán por la vía judicial para defender los derechos de los trabajadores del sector agrario.

En esta misma línea, los sindicatos han lamentado “la postura de las patronales del sector agrario que, a pesar de existir una normativa estatal, pretenden seguir vulnerando los derechos de los trabajadores del campo, que de por sí conforman uno de los sectores productivos más afectados por la precariedad y la temporalidad”. Fuentes sindicales han explicado que el problema reside en que el cómputo salarial mensual de muchos jornaleros no alcanza los 900 euros del salario mínimo, por lo que la propuesta consiste en subir el pago diario hasta llegar al salario mínimo.

Las tablas salariales de 2019 se negociaron el pasado ejercicio y se publicaron en marzo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Lo que cobra un trabajador agrario varía según la labor que desempeñe. Así, en el olivar, por ejemplo, un jornal de plantación y arranque se cobra a 46,02 euros, mientras que un especialista en tratamientos fitosanitarios se lleva a casa 53,01 euros al final del día. Un tractorista cobra 45,20 y un recolector del sector del cítrico, 49,49 euros, según consta en la tabla salarial que los sindicatos y la patronal firmaron para este ejercicio antes, precisamente, de que el Gobierno central aprobara el nuevo salario mínimo interprofesional. Ahí reside, según los sindicatos, el problema, pues los empresarios se estarían negando a revisar unos salarios que, defienden, ya se negociaron en su momento.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha resumido que está en “las discrepancias respecto al Real Decreto y a su aplicación”. Y ha dicho que “confía en la Justicia”. La secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, se ha mostrado “dispuesta” a “cumplir” la normativa estatal y ha confiado en que “haya diálogo y entendimiento” con los representantes de los trabajadores.

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