La Rambla

Un juez reprocha a policías una oleada de denuncias urbanísticas sin fundamento

  • El magistrado archiva una investigación contra el alcalde y una edil por prevaricación administrativa y achaca a la "carencia de recursos humanos y medios" la tardanza en actuar

Fachada del Consistorio rambleño. Fachada del Consistorio rambleño.

Fachada del Consistorio rambleño. / reportaje gráfico: el día

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla ha reprochado a un grupo de policías locales de La Rambla que estén detrás de una oleada de denuncias urbanísticas sin fundamento, unas diligencias por las que han llegado a ser investigados el alcalde rambleño, Alfonso Osuna (IU), y la concejala Inmaculada Castillero. En el auto en el que archiva las diligencias por no encontrar indicios de responsabilidad penal en la manera de proceder de los responsables municipales, el juez muestra su "sorpresa" por "el volumen de informes-denuncia realizados en tan breve espacio de tiempo y la celeridad de su emisión y presentación".

En concreto, los policías locales interpusieron ocho denuncias entre el 23 de agosto de 2016 y finales de septiembre de aquel año por presuntos delitos urbanísticos contra particulares por edificar supuestamente sin licencia. "Choca a la razón la multitud de denuncias efectuadas en un periodo muy concreto, en fechas muy señaladas, que son las correspondientes a las vacaciones veraniegas, cuando, según el informe del ingeniero a cargo de la tramitación, desde mitad del año 2013 hasta la fecha de los otros informes-denuncia, es decir, tres años, tan sólo se había presentado por parte de los agentes una única denuncia", cuestiona el juez. Y esta diligencia, además, "pronto fue archivada por haber cumplido el potencial infractor las normas urbanísticas", recuerda el juez instructor.

Los propios policías locales presentaron una denuncia ante la Fiscalía Provincial, que en abril del año pasado puso el caso en manos del juez instructor debido a que "ni el alcalde ni la alcaldesa accidental [la edil investigada] habrían ordenado la incoación de expediente administrativo alguno". En la denuncia, los policías locales llegaban a relatar que el regidor habría ordenado "directamente la no incoación de expediente administrativo alguno", unos hechos que el juez niega.

En los informes participaron nueve agentes de la Policía Local, a quienes el auto afea su manera de proceder. Entre otros motivos, porque, según la información analizada en sede judicial, varios policías "carecen absolutamente de intervención en los hechos, con lo cual se presentan a sí mismos como testigos de lo sucedido sin serlo". Y, además, en siete de los ocho informes-denuncia "tan sólo interviene un agente en solitario, lo cual contradice las más elementales cautelas del proceder policial, en orden a la severidad, veracidad y firmeza de las actuaciones policiales".

Lo mismo aprecia el magistrado respecto a la fuente de la información, que en las ocho denuncias "viene constituida por un vecino anónimo". Esto "choca con el deber de identificar a todos los posibles testigos de una infracción, sea penal o administrativa". Además, se remitieron a la Fiscalía "copias de los informes-denmuncia que no estaban debidamente registrados en el Ayuntamiento" y se hicieron afirmaciones "carentes de soporte probatorio como es la dación de cuenta al alcalde, imposibles de corroborar objetivamente". El auto, incluso, llega a referirse a la "incredulidad" de alguna actuación, en referencia a una denuncia en la que un policía afirmaba "haber puesto en conocimiento del alcalde un hecho susceptible de infracción a las 03:00". "Es casi imposible de creer que a esas horas el alcalde estuviera despierto y ejerciendo sus funciones", cuestiona con sorna el magistrado.

El auto reprueba especialmente la denuncia de un hecho "de notoria gravedad", como es "la voluntad firme del alcalde" de no perseguir los delitos denunciados por los agentes. Esta afirmación "no resulta contrastado por el ingeniero del Ayuntamiento que está encargado de la tramitación de los expedientes". En su lugar, el magistrado recuerda que las denuncias se interpusieron estando el alcalde de vacaciones y, además, "consta una situación de falta de plantilla y de personal de naturaleza interina, principalmente en lo que atañe a la figura del secretario del Ayuntamiento". También se pone de manifiesto "un gran volumen de trabajo atrasado". "Todo ello sostiene, de por sí, que la falta de incoación de los expedientes no se debe a una voluntad consciente por parte del alcalde, sino a una carencia manifiesta de recursos humanos y medios materiales para poder actuar", concluye el juez.

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