Movilidad

El PP critica el impacto negativo en las zonas rurales del nuevo mapa de autobús en Córdoba

Puerta de la estación de autobuses de Córdoba.

Puerta de la estación de autobuses de Córdoba. / Juan Ayala

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso, a través de su portavoz, Cuca Gamarra, la petición de comparecencia en la comisión correspondiente de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que explique todos los extremos relativos al impacto del nuevo mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera del Gobierno, claramente negativo para las zonas rurales, como ha quedado demostrado en lo concerniente a la provincia de Córdoba.

Asimismo, el portavoz de Transportes del GPP, Andrés Lorite, ha registrado una batería de preguntas al Ejecutivo en las que resalta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en el nuevo mapa concesional, reduce las 966 rutas actuales a 510, y se olvida de más de tres millones de personas. En concreto, la primera propuesta deja fuera a 21 pueblos cordobeses y elimina decenas de líneas.

Por ello, los populares piden la retirada del documento, destacando que “es inaceptable observar cómo, con este sistema, quedarán desatendidas las zonas rurales y sectores de población con menor acceso a los recursos, que son precisamente las que necesitan en mayor medida tener un servicio público de calidad”. Precisa en su iniciativa que la propuesta es muy dañina para la movilidad en estas áreas porque deja sin servicio a un total de 1.417 pequeños municipios españoles.

El portavoz de Transportes del GPP pide al Gobierno que conteste si considera que con esta propuesta “de reducción de servicios de transporte por carretera en las zonas rurales sirve a una estrategia lógica de lucha contra la despoblación”.

En concreto, las preguntas planteadas por Lorite al Ejecutivo pasan por ver si éste puede "retractarse" de su "pretensión de eliminar servicios básicos de transporte en las zonas rurales"; "en qué momento va a retirar el documento al constatarse el agravio para más de tres millones de españoles"; "cuál es el motivo por el que ha impulsado una propuesta tan dañina sin tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas y entidades locales", y si es una "estrategia lógica de lucha contra la despoblación".

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