Cuando apenas llevaba 48 horas en su recién estrenado cargo, el alcalde de Pozoblanco, el popular Baldomero García, ha dado el paso que muchos esperaban en la ciudad vallesana. Ayer, el regidor municipal ordenó a golpe de decreto "la suspensión de la eficacia de la licencia urbanística" dada a la constructora El Ochavo para la realización de la obra que impide la alineación de la avenida Marcos Redondo y por ende "la paralización inmediata de las actuaciones que se están llevando a cabo a su amparo". García insiste en que esa paralización está justificada "por la clara situación de fuera de ordenación por alineación del edificio y al constituir dichos actos una infracción urbanística grave".

Además, se ordena "la notificación de la resolución al interesado, para que proceda a la paralización inmediata" de la obra, así como dar traslado de la misma resolución al órgano jurisdiccional competente y a las empresas suministradoras, de acuerdo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El decreto también estipula que se ponga en conocimiento de la Policía Local la decisión tomada "para que se asegure de forma inmediata la efectividad de las medidas acordadas". Por último, esta resolución tomada llegará también al Registro de la Propiedad.

El alcalde ha ordenado la suspensión de la licencia de obra después de que el juzgado no admitiera a trámite un recurso que presentó el entonces equipo de gobierno del PSOE al acuerdo plenario de 16 de septiembre de 2008, que salió adelante gracias a los votos de la entonces oposición -PP, IU y PA- y por el que se obligaba a la paralización de la obra.

No obstante, el penúltimo episodio sobre este asunto ocurrió hace ahora casi un mes, cuando el secretario municipal, José Manuel Ballestero, notificó esa sentencia a El Ochavo, lo que le valió una querella de la constructora por presunta prevaricación ya que El Ochavo aseguró que notificó "por orden del señor alcalde". El empresario defendía en su denuncia contra el secretario que está construyendo con la licencia "en regla" y aunque está recurrida el juzgado ha dictaminado que sigan su curso hasta que el Ayuntamiento aclare si cumple la normativa. El entonces regidor, Benito García, no decretó la paralización de la obra insistiendo en que si lo hacía estaría prevaricando.