El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha ratificado el archivo provisional de la causa por supuesto fraude en la oposición de bomberos en la Diputación, al desestimar el recurso interpuesto por los denunciantes. En el procedimiento llegó a haber una veintena de imputados, entre opositores, técnicos y la cúpula política del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, con su vicepresidenta, Dolores Amo, al frente.

En el nuevo auto del 21 de noviembre, al que ha tenido acceso el Día, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz descarta asimismo la imposición de las costas que solicitaba la defensa, aunque confirma que la actitud de la acusación particular “rayaría una situación de mala fe procesal sin paliativos” y le reprocha que “ha estado por momentos en la frontera misma de hacerse merecedora de tal imposición”.

No queda ahí el tirón de orejas a la parte denunciante, a quien el magistrado reprende por que su estrategia procesal haya ido “más bien dirigida a conseguir pruebas que pudieran ser aportadas en los distintos recursos contencioso-administrativos pendientes como consecuencia del resultado de las oposiciones de bombero-conductor” que a concretar los ilícitos que pudieran haber existido en el proceso selectivo.

“Ninguno de los delitos que pudieran intuirse cometidos en este contexto beben de simples irregularidades o aparentes tratos de favor”. Y esto es algo que, según el juez, “parece olvidar” la acusación “en todas y cada una de sus estrategias procesales”. El juez, de hecho, enumera diversos ejemplos, como los cambios de definición de acontecimientos o imputaciones “más o menos perfilados” que “iban evolucionando conforme avanzaba la investigación”. O la aparición de duda sobre la filtración del examen teórico o modificación de ejercicios respecto de personas concretas. O la aportación “sorpresiva” de nuevas grabaciones el mismo día en que estaba prevista la toma de declaraciones. O que el acta notarial presentada se refiriera primero al examen teórico y luego al psicotécnico, “con cambio incluso de fecha”.

O una “supuesta falsificación” de uno de los méritos por un curso realizado en Benamejí por uno de los opositores y que, según la acusación, tendría las fechas modificadas. El juez considera “exiguas” las centésimas que el diploma aportó al opositor y razona que, incluso en el caso de haberse manipulado la datación, la original habría cumplido los requisitos del concurso. “Tratar de deducir un delito de falsedad basado en rumores carece de sentido jurídico alguno”, censura en la nueva resolución.

El auto también hace referencia al chat del sindicato UGT en el que, según los denunciantes, se habrían filtrado las pruebas horas antes de que empezara la oposición. Sobre este extremo, el juez reitera lo ya apuntado en autos anteriores: que la información sobre los ejercicios pudo haberse obtenido “simplemente” por la petición del material el día anterior y, por tanto, “no tuvo por qué ser objeto de una filtración” por algún miembro del tribunal. Si así hubiera sido, “podría haber anticipado la información para dar más tiempo a prepararse a los favorecidos o haber concretado en qué iba a consistir el ejercicio”.

Todo arranca en una reunión de interinos

La supuesta trama arrancaría en una reunión informal de bomberos interinos en otoño de 2015, en la que habrían aparecido el gerente y la entonces vicepresidenta del Consorcio, la dirigente socialista Dolores Amo. Los querellantes, que en un momento de la causa llegaron a prestar declaración como imputados, insistían en la denuncia “de forma vehemente” en que en la reunión los dirigentes habrían referido “que darían todo tipo de facilidades para conseguir el objetivo”.

Pero el juez concluye que “no se ha podido acreditar en modo alguno la existencia de un grupo de trabajo que tuviera por cometido preparar el proceso selectivo en las condiciones más favorables posibles para asegurar la aprobación de la oposición por los interinos”, como denunció un grupo de aspirantes que no aprobó. “No contamos sino con rumores o suposiciones, que incluso han ido variando a tenor de las resultas de la investigación”, señalaba Rodríguez Lainz en su auto de octubre, donde añadía que una “clara muestra” de ello es que el pretendido acta notarial que un querellante presentó como prueba “pasa de ser del cuestionario teórico a la prueba psicotécnica”.