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Un juez cree que la exposición 'Maculadas sin remedio' "atenta contra los sentimientos religiosos"

  • La Asociación Abogados Cristianos interpuso un recurso contra la Diputación, que acogió la muestra

Cuadro de la muestra que fue rajado.

Cuadro de la muestra que fue rajado. / Salas / Efe

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo número 2 de Córdoba considera que la pintura titulada Con flores a María de la exposición Maculadas sin remedio, que acogió el año pasado el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, "atenta claramente contra los sentimientos religiosos de la Iglesia Católica".

Según recoge el auto, el juez desestima el recurso interpuesto por la Asociación Abogados Cristianos contra la Diputación por infracción de la Ley de Contratos Públicos por sufragar dicha exposición.

No obstante, apunta que "la Administración demandada una vez aprobado el proyecto en el que se marca la exposición Maculadas sin remedio y a la vista de la pintura Con flores a María y la imagen que en la misma se remedaba del cuadro La Inmaculada de Murillo, bien pudo proveer lo necesario para su retirada y evitar así herir los sentimientos de la comunidad católica de la ciudad, y cualesquiera otras personas que pudieran sentirse ofendidas, protegiendo el derecho de esa comunidad a que se respetaran sus sentimientos religiosos y creencias de los mismos".

Al respecto, el magistrado recuerda como se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1990 "ante la colisión de derechos fundamentales, como aquí sin duda se daban, entre la libertad de expresión artística del artículo 20 de la Constitución y el derecho a la libertad religiosa, en su manifestación de protección y defensa de los sentimientos religiosos por parte de los poderes públicos y las autoridades españolas -entre las que hay que incluir a la Diputació--: 'El derecho a la libertad de expresión no puede comprender ni el insulto ni la ofensa gratuita'".

Igualmente, añade que el Parlamento Europeo, en relación con el conocido caso de las caricaturas de Mahoma, publicadas en un diario danés, y que dio lugar a "un enconado debate socio-jurídico, además de numerosos incidentes de protesta por parte de la comunidad musulmana, incluso con ataques violentos a diversas embajadas europeas en varios países", adoptó una resolución en febrero de 2006 sobre "el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión y su limitación con el respeto a las convicciones religiosas".

En ella se declaraba y sentaba que "la libertad de expresión siempre debe ejercerse dentro de los límites impuestos por la ley y coexistir con la responsabilidad y el respeto de los derechos humanos, al igual que con los sentimientos y convicciones religiosas, independientemente de que se trate de la religión musulmana, cristiana, judía o cualquier otra".

En este auto del juez de lo Contencioso, se recoge que "ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni nuestra Máxima Ley, amparan que bajo el paraguas del indudable derecho a la libertad de expresión, se pretenda hacer escarnio ni ofensa de ninguna religión incluida la religión católica".

Por ello, a su juicio, "la Diputación como administración a la que también correspondía velar por el adecuado respeto a todas las ideologías y creencias, de acuerdo con el criterio ya expresado del Parlamento Europeo, que representa a la ciudadanía de nuestro entorno europeo, democrático y de derecho, presidido por el adecuado respeto de los derechos de todos los ciudadanos, y por tanto el respeto a todas las creencias religiosas, bien pudo atender las peticiones que se le hicieron desde distintos ámbitos, ya políticos, ciudadanos o empresariales, de retirar de la exposición organizada en dependencias de la Diputación una pintura que claramente atentaba contra los sentimientos religiosos de la Iglesia Católica".

Sin embargo, el magistrado admite en su auto que "esa falta de actividad de la administración -de protección y respeto de los sentimientos de buena parte de la ciudadanía- no era el objeto de este recurso, pues no se acudió por la Asociación demandante al concreto recurso por inactividad de la administración, que autoriza la Ley Jurisdiccional".

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