Lograr la equiparación “real, total y absoluta, sin excepciones”, de la Guardia Civil con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad es el principal objetivo de Justicia para la Guardia Civil (Jucil), un nuevo colectivo que en la provincia cuenta ya con un centenar de asociados, según informó ayer el delegado en Córdoba, Antonio Luna. El secretario general de Jucil, Cristian Eric Marco, recordó que un guarda civil cobra en torno a 600 euros al mes menos que un mosso, una diferencia que también se materializa en el momento de las jubilaciones. Por los alrededor de 1.300 euros que percibe un guardia, su homólogo cobra unos 2.100 euros.

La protección de los jubilados, viudas y huérfanos; que no se aplique el Código Penal Militar en funciones policiales en el ámbito de la seguridad ciudadana; la adecuación de las plantillas y las instalaciones en consonancia al nivel de delincuencia de la zona;la dotación de medios materiales, técnicos y de protección necesarios para facilitar el servicio ciudadano; una formación continua en todos los ámbitos, o la participación de los guardias civiles para tomar decisiones de especial calado en su vida profesional son otros de los objetivos que se plantea Jucil.

Sobre los problemas concretos que soporta la provincia, Antonio Luna ha explicado que el colectivo está inmerso en realizar un estudio sobre deficiencias en las dependencias del Instituto Armado y sobre la plantilla. Ha adelantado, no obstante, que en el caso del puesto de Peñarroya-Pueblonuevo la falta de agentes “se está cubriendo con efectivos de otras unidades” pese a que se trata de una de las demarcaciones de la provincia “más conflictivas” desde el punto de vista delincuencial. Marco, por su parte, ha recordado que pese a mantener el Ministerio de Interior el nivel cuarto de alerta terrorista, “hay compañeros que no disponen de chaleco antibalas personal”.

Jucil, por otra parte, ha reiterado su petición de dimisión del director general de la Guardia Civil, Félix Anzón, por la apertura de un expediente disciplinario a un agente que grabó un vídeo en el traslado de los políticos presos en relación al Procés en Cataluña. Según Marco, Anzón debe mantenerse en la “neutralidad política”, cuando en su opinión se habría doblegado a las exigencias de EH Bildu, Esquerra y otros partidos nacionalistas para tomar esta esta decisión. “En el caso del 1 de octubre del pasado año, muchos mossos actuaron con los ciudadanos independentistas y no se les abrió ningún tipo de expediente”, recordó Marco.