El viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynadur, ha avanzado que "una de las actuaciones fundamentales" que va a llevar a cabo la Junta de Andalucía tras la entrada en vigor del decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares es el servicio de inspección, que se va a reforzar.

Raynadur ha hecho estas declaraciones antes de mantener un encuentro con los alcaldes y representantes de Urbanismo que se ha celebrado en la sede de la Policía Autonómica en la capital cordobesa, donde ha insistido en que la aplicación de este decreto "no es una legalización de lo ilegalizable".

"Se ha llegado a esta situación después de años no solo por una falta de celo o incapacidad de los ayuntamientos, sino porque la Junta ha hecho caso omiso a su obligación y competencia de la labor inspectora", ha destacado y ha explicado que "este decreto pretende regularizar y, paralelamente advertir de que las medidas de inspección se van a reforzar de una forma importante para tratar de evitar situaciones similares". 

El viceconsejero, además, ha reconocido que "nos queda un camino largo por recorrer y ahora hay que desarrollar el decreto".

"Una vivienda que se encuentra en un paraje protegido es ilegal antes y después del decreto. Lo que pretendemos es regularizar situaciones y con actuaciones individualizadas calificando a las viviendas como fuera de ordenación", ha detallado y ha añadido que "ahora se va a permitir ampliar a las viviendas agrupadas, a las urbanizaciones, mediante métodos urbanísticos de la mano de los propietarios, la Junta y los ayuntamientos".

Más de 47.000 viviendas en Córdoba

En el caso de la provincia de Córdoba y, según los datos aportados por la delegada del ramo, Cristina Casanueva, hay más de 47.000 viviendas en esta situación. De todas ellas, 16.150 corresponden a las comarcas de la Campiña y la Subética (compartida con Jaén); 11.900 a la zona de Guadiato-Pedroches, 5.654 en la Vega del Guadalquivir; 2.562 a la zona de Montoro y 11.017 a las denominadas comunicaciones registrales.

Raynadur, además, ha detallado que "las declaraciones que se tengan que efectuar desde el punto de vista urbanístico se van a poder llevar a cabo de oficio por parte de los ayuntamiento o por el interés de los propietarios". 

El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, por su parte, ha destacado el "trabajo conjunto que se va a desempeñar entre los 77 municipios de la provincia de Córdoba, junto a los técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, para poner una solución tanto para las generaciones actuales como para las futuras pues se trata de garantizar la prestación y calidad de servicios a quienes hasta ahora les ha sido denegado".

El decreto amplía la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) y permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado, así como realizar otras obras de reparaciones. Se establecen dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección.

Los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Los ayuntamientos deberán asimismo prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.