Contrapuestas versiones sobre los últimos episodios relativos al proceso de implantación de Amara en el Centro de Energías Renovables de Lucena. Si el Partido Popular se ha arrogado el liderazgo y las iniciativas cruciales en el “desbloqueo” de esta ansiada pretensión del colectivo asistencial, desde el equipo de gobierno socialista niegan la involucración de los populares y sí reconocen mérito e implicación al delegado territorial de Formación y Empleo, Ángel Herrador, responsable territorial de una consejería ejercida por Ciudadanos.

Desde el Gobierno local corroboran que “desde hace meses” la Junta sigue sin contestar “oficialmente” a la solicitud remitida por el Ayuntamiento de Lucena al objeto de culminar el cambio de uso del Centro de Energías Renovables. Sí ha admitido este miércoles Carmen Gallardo, concejala de Servicios Sociales (PSOE), “conversaciones no oficiales” entre el propio Herrador y el alcalde de la localidad, Juan Pérez.

Hace unas dos semanas, ha confirmado la propia Gallardo, el Consistorio pidió a la Asociación Comarcal Pro-Personas con Discapacidad Psíquica Virgen de Araceli la renovación de su propuesta de traslado al edificio, en desuso actualmente, localizado en el Parque Empresarial Príncipe Felipe. El Ayuntamiento ha emplazado a Amara a entregar una solicitud formal y una memoria técnica y económica.

“Qué casualidad”, manifiesta Carmen Gallardo, “que hace dos semanas solicitemos a Amara la documentación para la tramitación de la cesión del espacio y ayer (por el martes) la rueda de prensa de José Antonio Nieto con el grupo municipal del PP”. Desde el Gobierno municipal se preguntan “qué gestiones ha hecho el PP” y, en cambio, destacan que “el delegado territorial de Empleo, Ángel Herrador, sí ha estado mano a mano con el alcalde intentando solucionar este tema”.

Acerca de la posibilidad de que la Junta reclamase al Ayuntamiento el reintegro de la subvención de 3,4 millones, concedida para el desarrollo de actividades vinculadas a la formación en energías renovables, Gallardo ha señalado que, una vez transcurrido un plazo de cinco años, este riesgo se disipaba por prescribir el expediente, y al mismo tiempo, por consiguiente, se disponía de vía libre para la modificación de su utilidad. No obstante, en caso contrario, “el Ayuntamiento pelearía si se requiriese el desembolso”, precisa la edil socialista.

Por todo ello, los pronunciamientos del equipo de gobierno se circunscriben a la mesura y la prudencia acerca de los avances en este alargado deseo de la entidad lucentina de aglutinar sus prestaciones y recursos en el edificio municipal situado en una de las zonas industriales de la localidad.