La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, que se liquidó en abril de 2014, sigue generando deudas. La presidenta de la comisión liquidadora, María José Fernández, comunicó justo después de las elecciones municipales a los alcaldes de los once ayuntamientos que la integraban que la deuda ha aumentado en el último año en 9.642.000 euros, que se han recogido en un "balance complementario de liquidación". Son consecuencia, sobre todo, de sentencias que en estos meses han ido dando la razón a trabajadores, con sus intereses y costas, o fallos que condenan de forma solidaria a la Mancomunidad y a la empresa instrumental Gesalquivir (1.804.925 millones de euros más); otras cantidades son por sentencias que dan la razón a proveedores (1.981.043 más) e intereses de demora y costas relacionados con éstos (1.239.848); así como expedientes de reintegro o subvenciones, que no se especifican, pero que hay que devolver y que suponen la partida más importante: 4.579.436 euros. Además de todo ello, hay otros pequeños conceptos hasta esos 9,6 millones.

En la comunicación remitida por fax a los ayuntamientos, se les da 60 días "a contar desde la constitución de la nueva corporación local" para abonar el pago, que se distribuye en función de la participación en los estatutos. Sólo se libran de una parte los municipios de Utrera, Las Cabezas, El Cuervo y Los Molares, que en su día ingresaron el 100% de lo que le correspondían y que no tendrán que pagar ahora intereses de la vieja deuda, sí la parte que les toca del nuevo déficit.

Las Cabezas debe abonar otros 232.121 millones de deuda nueva; El Coronil, 97.189 de deuda, más 38.200 de intereses; El Cuervo, 131.065; Los Molares, 50.823 euros; Utrera 786.232; y Los Palacios, 787.000 euros entre deuda principal e intereses, que se unen a los más de cinco millones que se le asignaron en primera instancia. El alcalde, Juan Manuel Valle (IU), ha censurado las formas con la que la alcaldesa lebrijana ha actuado ahora, sin reunirles para explicar las cosas y anuncia que, teniendo en cuenta que la mayor parte de la nueva deuda es por subvenciones y cursos que no se han justificado, o no adecuadamente, está estudiando denunciar a los responsables técnicos y políticos de la gestión, por el perjuicio que están causando, en un paso que podrían dar varios municipios. Valle recordó también que, en abril, el ex presidente Antonio Maestre (PSOE) tuvo que comparecer ante la Fiscalía de Dos Hermanas por una investigación relacionada con una ayuda estatal que recibió la Mancomunidad, de lo que tampoco tienen información.

En el caso de los ayuntamientos de Cádiz, Chipiona debe abonar ahora 807.000 millones de nueva deuda y 317.678 de intereses; Rota, 645.009 de principal y 253.824 de intereses; Sanlúcar de Barrameda ve incrementada su deuda, que ya era de 11,4 millones, con otros 1,8 millones y 712.406 de intereses. Trebujena tendrá que abonar otros 164.488 euros por la deuda generada en el último año y 64.729 por intereses.

Estos 9,6 millones se suman al montante principal de la deuda del ente, que en la liquidación definitiva se cifró en 42,6 millones, menos de lo previsto porque la Junta asumió el coste del sellado y restauración de los vertederos de Lebrija y Utrera por 6,4 millones. Varios partidos de la oposición y la propia plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir habían advertido que la liquidación no era la deuda real de la mancomunidad y que vendrían más, como está ocurriendo. De momento y teniendo en cuenta los trabajos en los vertederos, la deuda generada por el ente, en el que desde 1988 se integraban siete municipios de Sevilla y cuatro de Cádiz, va ya por los 59 millones.