Hondo y punzante temor entre las trabajadoras de la ayuda a domicilio de La Rambla a contraer el virus y a expandirlo en viviendas y contagiar a sus familias. Atormentadas por el desamparo que arrastran desde el comienzo de la pandemia, alzan su voz porque “está en riesgo” su propia salud y reclaman una protección material e institucional ya que, también, se enfrentan al virus “en primera línea”.

Sin establecer distinciones, responsabilizan a todas las administraciones –Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno-  y también a la empresa adjudicataria de persistir en un “abandono increíble” hacia unas 60 empleadas de esta prestación básica, adscritas al sindicato CTA.

Con el salario inalterado desde hace 12 años -6,05 euros brutos por hora-, atienden “obligadas” a pacientes con covid-19, desprovistas de los elementos de seguridad oportunos.

“Nos hacen actuar como sanitarios sin serlo”, expresa Ana Fernández, quien advierte de que carecen de la formación mínima para utilizar los monos, mascarillas y guantes que les proporciona la concesionaria. Además, al realizar su trabajo en diferentes entornos particulares han de introducirse y despojarse de los EPI “en los portales de las casas o en la calle hasta encontrar un contenedor”. Una rutina que afrontan, en dicho recorrido, sin acceder a una higiene adecuada, asumiendo y representando “un foco de contagio increíble”.

Caso aparte concierne a los guantes. “Son los mismos de antes la pandemia”, de vinilo, “que se rompen antes de ponerlos”. Ana Fernández narra que “por debajo, no hay otros más malos” y, al resquebrajarse, provocan que “nos entre el agua”.

"Vamos a acabar mal psicológicamente"

Esta vorágine de indefensión y miedo, confiesa Rosa Carmona, genera una extenuación “psicológica y física”. La supresión en los hogares de las directrices mínimas de prevención incrementa el peligro que soportan y la “presión” que se agolpa en su interior. En algunos casos, incide Rosa Carmona, “los familiares se quitan las mascarillas en las calles y le dan dos besos al abuelo”

Ante este desamparo crónica, Rosa advierte de que “vamos a acabar mal psicológicamente, estamos muy solas, vamos a acabar bastante mal”. La precariedad particular la conecta con el “desprecio” general que aprecia en la consideración de esta ayuda a domicilio tan indispensable para tantos beneficiarios.

Estas auxiliares denuncian que el convenio que rige en su sector permanece caducado desde el 2018 y, entre las diferentes comunidades de España, sostienen que las trabajadoras de la ayuda a domicilio de Andalucía “son las más explotadas”. Una disparidad entre zonas geográficas que califican de “discriminación territorial.

Cifran en un 16,3% el índice de contagios en esta actividad asistencial, solamente superado por el 16,8% testado entre los sanitarios” y recuerdan que encarnan “el cuarto pilar” del Estado del bienestar.