La Guardia Civil volvió ayer a la finca de Somonte, en Palma del Río, con un nuevo auto judicial de desalojo por un procedimiento de presunta usurpación en el que imputa a 14 personas, entre ellas el número uno de Unidos Podemos por la provincia de Jaén, Diego Cañamero, y a la parlamentaria andaluza de la formación morada María del Carmen García Bueno, según el auto judicial al que ha tenido acceso el Día. El lanzamiento de ayer se produce en virtud de un atestado instruido por la Guardia Civil el pasado 5 de junio, tres días después de que los agentes desalojaran la finca, propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Junta de Andalucía, y tuvieran conocimiento de hechos que, de nuevo, podrían ser constitutivos de un presunto delito de usurpación inmobiliaria.

Tras este escrito, el 13 de junio el letrado de la Junta de Andalucía solicitó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas que librara oficio al Instituto Armado para un nuevo desalojo, una medida cautelar a la que no se opuso la Fiscalía y que se ejecutó ayer. Los agentes accedieron sobre las 09:00 a las 400 hectáreas y se encontraron a ocho personas en el interior. "Ha sido un desalojo pacífico", describió uno de los ocupantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), José Manuel Reyes, quien reconoció que, desde el 2 de junio, la Guardia Civil ha realizado un seguimiento diario con visitas habituales y ha anotado la identidad de cuantas personas había en la finca y las matrículas de los vehículos.

A diferencia del lanzamiento anterior, ayer el desalojo se produjo repentinamente, sin aviso previo al sindicato. Los inquilinos, sin embargo, tuvieron una hora para alimentar el ganado y recoger sus enseres. La intervención fue exhaustiva, de manera que los agentes precintaron puertas y ventanas, describió Reyes. Fuentes del SAT aseguraron que han tratado de mantener varias reuniones con la Consejería de Agricultura, pero "siempre las posponen", y lamentaron que la Administración autonómica no les ha respondido acerca de qué proyecto tiene para estas tierras situadas en la carretera de La Campaña, próximas a la provincia de Sevilla.

Los jornaleros insistieron en que la Administración autonómica debería fijarse en otros modelos agroindustriales del Norte español -Galicia, Navarra o Aragón-, donde se cultiva la tierra bajo una organización de pequeñas cooperativas. Y se quejaron: "La Junta no es que no disponga de medios para cultivar estas fincas, es que no tiene intención de cultivarla. Ése es el problema".

Hace dos semanas, el sindicato y el Ayuntamiento se reunieron para buscar un principio de acuerdo sobre esta situación. El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), habló de estudiar la viabilidad de adquirir Somonte, tasada en 5 millones de euros, o de ser cotitulares con la Junta, y dejó clara su apuesta por crear un proyecto público "donde existan garantías, porque no podemos hacer algo improvisado". Abogó, además, por desarrollar un procedimiento "abierto, público y transparente" para poder labrar los terrenos.

En el nuevo auto del 16 de junio, el juez se basa en el atestado policial para determinar que el pasado 5 de junio, un grupo de personas "dirigidas" por el líder del SAT Diego Cañamero y la diputada andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno "se dirigieron a la finca teniendo pleno conocimiento de que tres días antes se había producido el desalojo, por lo que pudieran existir indicios de un presunto delito de desobediencia a la autoridad". El auto judicial relata que, "tras violentar los candados de las puertas de acceso a la finca, accedieron a su interior y permanecieron allí, a sabiendas de que el desalojo judicial se había producido tres días antes". E insiste en que "los imputados y demás personas que ocupan la finca tienen conocimiento de que es propiedad ajena y que la ocupan contra la voluntad de sus propietarios", lo que, según el juez, "se desprende claramente de los hechos".

El juez, por otra parte, expresa su temor porque "la situación de ocupación ilegal se prolongue en el tiempo, con el consiguiente perjuicio para la Junta de Andalucía, que se vería privada de la posibilidad de ejercitar sus facultades y el enorme riesgo de que, aparte de la rotura de la cadena y puertas de acceso, se ocasionen daños materiales". El magistrado, por último, apercibe a los imputados "de que en caso de incumplimiento podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial".