El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba investiga el presunto amaño de las oposiciones a bombero del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación, en base a una decena de declaraciones de testigos que permiten al magistrado construir un relato provisional en el que apunta a la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, descubrimiento de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. En un auto firmado el pasado 18 de marzo, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz apunta como imputados a más de 15 personas, entre ellas la vicepresidenta del Consorcio y número dos del PSOE de Córdoba, Dolores Amo; el gerente del organismo, Juan Carandell; el director técnico, Rafael Márquez; el representante sindical de UGT; 11 interinos, los miembros del tribunal y el alcalde de Priego de Córdoba, el senador socialista José Manuel Mármol.

Según detalla en su auto, en junio de 2015 en el entorno del Consorcio habría empezado a hablarse "de la oportunidad de convocar un proceso selectivo en el que se vieran especialmente favorecidos quienes en ese momento permanecían contratados como bomberos interinos". Así, según el juez, se habría "pactado" supuestamente "dar a los mismos todo tipo de facilidades, incluso con directa y grotesca contravención de la ley y de los elementales principios de igualdad de oportunidades que ha de regir el libre acceso a la función pública".

La "idea inicial" habría sido, "bajo la iniciativa o al menos con la connivencia del gerente", la creación de un "grupo de trabajo en torno a la mesa de negociación sindical", y para iniciar los primeros trabajos tendentes a ese fin "miembros del personal interino habrían designado a tres representantes del colectivo", todos imputados. El magistrado relata cómo habrían decidido "hacer unidad de acción" en las elecciones sindicales con la intención de "favorecer a un sindicato para que obtuviera una mucho mayor representación en la mesa de negociación, y así facilitar el objetivo de favorecer a los interinos en el inminente proceso selectivo".

El siguiente paso vendría dado con una reunión con el colectivo de bomberos interinos en otoño de 2015 en la planta baja de la sede del Consorcio, en la avenida del Mediterráneo, a la que asistieron Carandell y Amo. En ella, según el magistrado, habrían expuesto el proceso selectivo "y recomendado abiertamente que se votara masivamente a UGT en las elecciones sindicales", que finalmente obtuvo una "mayoría abrumadora". Su representante sindical llegó a advertir, según el relato del juez, que "él manejaría información reservada, dando a entender que tendrían garantizado el dominio del proceso selectivo, garantizando la aprobación de los interinos". UGT aprobó en solitario las bases de las oposiciones.

A partir de ese momento, se habría preparado un temario "en connivencia" con el colectivo de interinos con la introducción de temas "muy específicos" que fueron objeto de publicación "con muy breve espacio de tiempo para que opositores que no manejaran esa información pudieran preparárselos con un mínimo de solvencia". "Controlado el diseño del temario y las posibles preguntas que pudieran formar parte del ejercicio teórico", el auto de imputación relata que se habría ofrecido a los interinos la posibilidad de asistir a clases en un centro cívico de La Carlota. Fueron jornadas de cuatro horas en las que se exponían los temas y en las que el último cuarto de hora era destinado a la realización de ejercicios con preguntas que podían tener entrada en el examen, con "especiales precauciones" para evitar cualquier tipo de copiado o grabación de los documentos que se manejaban.

Tras la aprobación de la oferta pública de empleo para el año 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 29 de diciembre de 2015 la oposición, con una oferta de 54 plazas de bombero-conductor. Durante el proceso selectivo, el auto señala que "bien por la propia vicepresidenta del Consorcio, bien por el director técnico y presidente del tribunal, bien por miembros del tribunal, se fueron filtrando preguntas e incluso respuestas correctas". Rodríguez Lainz relata que estas respuestas "eran canalizadas a aspirantes interinos con anterioridad a la realización del ejercicio". El examen teórico se celebró en el Campus de Rabanales y fue superado por el 97% de los aspirantes, entre ellos todos los interinos a excepción de tres; también aquí el juez apunta a irregularidades, pues los resultados se filtraron incluso antes de la recepción de la corrección.