Se acercan malos tiempos para la economía doméstica de miles de familias de Córdoba. Y no hacen falta bolas de cristal ni tiradas del tarot para llegar a esta conclusión. Es algo tan sencillo como que, según las previsiones de la Junta de Andalucía, difundidas esta misma semana, la producción del olivar en la provincia para la campaña que está a punto de empezar registrará una caída del 37,1% en comparación con el periodo anterior. Es uno de los datos que puso de manifiesto la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, durante la presentación de este primer estudio, con datos embrionarios, en Jaén; en el conjunto de Andalucía, la caída será generalizada y llegará al 32,7%. Así que también en esta estadística, y van ya unas cuantas, Córdoba sale peor parada que el conjunto de la comunidad.

La Junta de Andalucía aún no ha concretado al detalle qué consecuencias tendrá esta caída de la producción, pero hay algo claro: habrá menos jornales y menos aceite, con todo lo que ello conlleva para la economía familiar y de las pequeñas y medias empresas que, por lo general, conforman el sector. Según Crespo, este notable descenso en la producción se debe a varias circunstancias, como la vecería de los cultivos –menor producción que sigue habitualmente a un año de alta cosecha– y un considerable déficit hídrico.

Parece que nada se puede hacer para revertir la situación más allá de rezar a San Isidro, patrón de los labradores, y que interceda ante Dios para que noviembre traiga lluvias. Pero no es cierto. La política hídrica hace aguas en la provincia de Córdoba desde décadas atrás, y numerosas han sido las reivindicaciones de las organizaciones agrarias cordobesas en los últimos años para que la Administración pública permita mayor superficie de regadío.

Los datos son de sobra conocidos y divulgados hasta la saciedad por la Mesa del Regadío: con los 228 hectómetros cúbicos de agua que la provincia cede a otras limítrofes, se podría dotar de riego 150.000 hectáreas de olivar más.La reivindicación no se ha satisfecho pese a que más agua, indudablemente, significa más riqueza. La situación es especialmente asfixiante en el Norte de Córdoba, donde la Junta de Andalucía ha anunciado al fin que en 2020 desarrollará la conexión entre La Colada y Sierra Boyera, imprescindible para llevar el agua al campo.

Otro de los detalles incluidos en este primer aforo del olivar hace referencia a la variedad ecológica. Córdoba es la provincia productora de Andalucía, con 6.221 toneladas, lo que representa el 40% de la comunidad. Sin embargo, según las estimaciones de la consejería de Agricultura, esta cantidad supondría una reducción de más de la mitad del volumen total de la provincia en comparación con 2018-2019. En concreto, la caída en Córdoba será del 54,3%, un dato catastrófico.

El conflicto está servido también en el ámbito fiscal. Aún resuenan los ecos de 2017, cuando el olivar cordobés quedó excluido de la reducción del IRPF como medida paliativa por las pérdidas causadas por la sequía que sí disfrutó Jaén. El Gobierno, primero con Mariano Rajoy y luego con Pedro Sánchez en la Moncloa, confirmó está discriminación, que además supuso desoír al PSOE andaluz, que en el caso de Córdoba llegó a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación para pedir al Gobierno que rectificara el “agravio”.

Y, desde el punto de vista laboral, asistiremos a lo de siempre, a un desvarío de declaraciones enfrentadas hasta que se eliminen las peonadas necesarias para acceder al subsidio o renta agraria como consecuencia de la caída de jornales. Ha ocurrido siempre, y sucederá de nuevo ahora. A la espera de un turismo en masa que no llega y de una industrialización que se queda a medias, el olivar es sin duda el principal motor económico de numerosos municipios cordobeses. Hasta el punto de que hay localidades atadas social y económicamente a este cultivo, con todo lo que ello conlleva cuando la cosecha mengua. Lo veremos por desgracia en los próximos meses.