Córdoba solo dispone de dos juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia más otro de Violencia sobre la Mujer, lo que deja a cerca del 56% la población de la provincia, unos 438.000 residentes, sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la protección de personas con discapacidad. Es la situación que este miércoles ha hecho pública la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa).

La situación es "sumamente grave" en los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Puente Genil, donde el 100% de la ciudadanía se ve privada de esta especialización. Y es que todos los juzgados de Familia de la provincia se encuentran concentrados en el partido judicial de Córdoba.

La Asociación Española de Abogados de Familia ha elaborado un informe a partir de las estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España. En concreto, España cuenta con 128 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país, el 53% de los residentes, en una situación precaria.

Mientras tanto, el número de secciones de audiencias provinciales de Derecho de Familia sigue invariable: 18 repartidas entre 16 provincias. Por tanto, en 32 provincias sus ciudadanos no tienen derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado.

“Esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirman la presidenta de Aeafa, María Dolores Lozano, y María Rosario Martos Molero Abogada, delegada de la Aeafa en Córdoba.

Más de 100 juristas procedentes de Córdoba y del resto del país se darán cita el jueves 28 y el viernes29 de abril en el Círculo de la Amistad para asistir a uno de los mayores congresos de Derecho deFamilia que se celebra en España. Entre las cuestiones que se abordarán en estas jornadas figuran asuntos tan sensibles para la ciudadanía como el testamento del empresario y protocolo familiar en empresas familiares, el pago de las pensiones de alimentos de los hijos, reformas legales en guarda, estancias, comunicaciones y atribución del Derecho de uso de la vivienda o cuestiones de discapacidad.

Custodia compartida, según dónde

“Por ejemplo, en el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (atienden asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión”, explica las responsables de Aeafa.

En cuanto a los retrasos en el sistema judicial, la situación también empeora cuando las crisis familiares recaen en estos juzgados generalistas. “Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal. Así, ante la entrada de una causa con preso, la civil pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia”, especifican Lozano y Molero.

“El atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse más de diez meses, como ocurre en algunas localidades de Córdoba. Esto es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine.

También puede suceder que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales. Esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma María Dolores Lozano.

En España, solo los residentes en grandes núcleos de población pueden acceder a juzgados con jueces, fiscales y equipos técnicos especializados. Fuera de este servicio público se quedan los ciudadanos de localidades como Lucena, Puente Genil, Palma del Río, Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres, Lugo y miles de localidades más.