Las tres organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) más las Cooperativas Agro-ganaderas de Córdoba han convocado un nuevo acto de protesta ante la "insostenibilidad" prolongada que vive el sector. El próximo miércoles 27 de julio a las 10:30, en el Bulevar de Gran Capitán, el campo cordobés, unido, escenificará su muerte como representación metafórica de la compleja situación que atraviesa y que, en último término, también "ahoga a los consumidores", como se apela en el cartel presentado para pedir una movilización masiva y conjunta.

Atrás, o en un segundo plano, quedan las discrepancias entre las diferentes plataformas, cuando lo que está en juego es la supervivencia de un sector que se manifiesta "estratégico" tras los dos últimos amagos de desabastecimiento, con la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania, que se quedaron en "anécdotas" por la "agilidad y profesionalización del sector".

Sin embargo, "la amenaza existe" cuando se presentan problemas que además surgen de "inmediato", por lo que "debemos aprender de la dependencia y la necesidad que tenemos de la agricultura y la ganadería". Así ha pedido comprensión, tanto a los políticos como a la sociedad (que al fin y al cabo son consumidores), el presidente de las Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, para que se atiendan las demandas del sector.

Los altos costes de producción y la escasa dotación de agua para los cultivos de regadío, no solo como circunstancias coyunturales de la inflación, la guerra o la sequía, sino también provocadas por las medidas no autorizadas de acumulación de agua o la doble vara de medir de Bruselas con la importación de productos extranjeros -han denunciado las organizaciones-, son los dos principales problemas a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos de la provincia y que provocan el "asfixiamiento de productores y consumidores".

"La crisis", como ha calificado Sánchez de Puerta, no es un problema de precios a la baja, sino más bien de costes de producción al alza que se están trasladando al encarecimiento de los alimentos. Sin embargo, "que nadie piense que ese incremento del precio le está llegando al agricultor", ha defendido el presidente de las cooperativas ya que, a pesar de ese encarecimiento, "la rentabilidad se ha caído completamente" porque "el agricultor es quien está soportando la subida de los abonos, de los carburantes, de la electricidad...".

Como respuesta, las organizaciones agrarias han puesto sobre la mesa una batería de reivindicaciones conjuntas para exigir medidas urgentes a todas las administraciones competentes. Entre ellas, ayudas directas, rebajas fiscales del IBI o del canon de riego o medidas que abaraten el coste de los carburantes y de la luz en el sector. "De lo contrario, difícilmente vamos a poder mantener la actividad y seguir produciendo alimentos", ha señalado Sánchez de Puerta.

Miguel Cobos (UPA), Rafael Sánchez de Puerta (Coop. Agro-alimentarias), Ignacio Fernández de Mesa (Asaja) y Carmen Quintero (COAG).

Ante las exigencias de las políticas laborales, fiscales y medioambientales, el presidente de de las cooperativas ha señalado que "tenemos sostenibilidad ecológica y social, pero nada de eso se puede sostener si no existe sostenibilidad económica".

Respecto a la escasez de suministro de agua, "es fundamental corregirlo si queremos mantener la viabilidad de nuestras explotaciones", ha añadido Sánchez de Puerta, ya que "la agricultura de secano no es competitiva". En este sentido, el presidente de las cooperativas ha insistido en que hay una "deuda importante" con la provincia de Córdoba porque "es la que más agua almacena, pero la que menos disponibilidad tiene para sus riegos", como consecuencia del déficit de obras que se quedaron inacabadas.

Sobre este acuciante problema, agravado por varias temporadas con falta de lluvias, "es lo que más va a condicionar nuestro futuro", ha pronosticado Sánchez de Puerta, quien ha pedido "soluciones" criticando la inacción de unas administraciones que se excusan unas en otras por las competencias.

La reforma laboral, control en las fronteras y la PAC

En otro punto, el resto de portavoces de las plataformas agrarias se han dirigido a otros frentes abiertos que amenazan la "dramática" situación del campo. El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha puesto el foco en el "desconocimiento" de la nueva reforma laboral que pretende aplicar la figura de los fijos discontinuos sin tener en cuenta la temporalidad del campo. Además, en la tabla de reivindicaciones también se pide que se permita compatibilizar la percepción del subsidio agrario con la contratación para realizar tareas agrarias.

La secretaria general de COAG, Carmen Quintero, ha exigido que aumenten la inversión en inspectores para que se garantice el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas, así como la puesta en marcha del Observatorio de Precios y la digitalización de los contratos para dar transparencia a las operaciones de venta.

En su intervención, Quintero también ha criticado la doble vara de medir de la UE, desde Bruselas, que no exige las mismas condiciones laborales y de uso de productos fitosanitarios a los productores de terceros países que a los de los estados miembros miembros.

Por último, el secretario general de UPA, Miguel Cobos, ha insistido en que se cambien las propuestas de la PAC (Política Agraria Común), que cuenta con el visto bueno de Bruselas y pronto se aprobará, para que distribuya los recursos de una forma "más justa con el campo andaluz".