Coincidiendo con la realización de unas obras de emergencia en el pabellón polideportivo que se ejecuta en la zona oeste de Lucena, el Ayuntamiento estudia adoptar acciones judiciales contra la empresa que “huyó” de esta construcción. Es el verbo que ha articulado este jueves el concejal de Obras, César del Espino (PSOE), al aludir a la adjudicataria que abandonó este proyecto el pasado mes de marzo.

En dos semanas, como máximo, arrancan unos trabajos de urgencia en la infraestructura emplazada junto al instituto Sierra de Aras. La firma sevillana Tecaisa, por un importe de 123.000 euros, intensificará la seguridad, concluirá los cerramientos laterales y estructurales y la cubierta y también asume el compromiso de completar las conducciones correspondientes a la evacuación de aguas.

Una vez finalice esta intervención, ha indicado Del Espino, el grado de ejecución del recinto rondará el 85%. Al sobrevenir la renuncia factual de la concesionaria anterior, el nivel de edificación se cuantificaba en un 70%, si bien, esta paralización provoca “deterioros y baja el porcentaje”, ha puntualizado el edil socialista.

En estos momentos, el Consistorio ya configura una adenda al pliego original que sustentará la siguiente y definitiva licitación. Esta última fase –forzosa- comprenderá la implantación del ascensor, distintos acabados, diferentes instalaciones, así como la adecuación de los cuartos húmedos y labores varias de albañilería. Del Espino ha evitado precisar plazos acerca del tiempo correspondiente a las obras de urgencia y tampoco ha fijado fecha alguna para la terminación absoluta del edificio y sus áreas exteriores.

Tres proveedores de la adjudicataria también soportan impagos

Paralelamente, y como primera medida sancionadora contra Talleres y Montajes Calvo, constructora que desistió de proseguir con esta intervención que empezó durante el verano de 2019, el Ayuntamiento ha retenido una garantía de 27.000 euros. La administración local, que financia esta dotación con Fondos Edusi, abonó hasta 463.000 euros –de un total acordado de 656.000 euros- y, antes de rescindir el contrato, canceló los pagos en la octava certificación.

Por otro lado, Del Espino ha admitido que “se valora la posibilidad de emprender acciones legales, aunque el camino es complicado por la situación compleja de esta empresa”. Segundos después, se manifestaba con mayor precisión y apuntaba que “se iniciarán seguramente porque lo ideal es que responda por daños y perjuicios”.

En cambio, ha lamentado que el Ayuntamiento carezca de instrumentos y atribuciones que le posibiliten exigir a esta empresa las deudas contraídas con subcontratas y que ascienden a más de 70.000 euros. Tanto el propio Del Espino como su antecesora, Mamen Beato, y el propio alcalde, Juan Pérez, han mantenido reuniones con, al menos, tres proveedores. “Es un problema civil entre ellos y el Ayuntamiento no debe ni puede intervenir”.

No obstante, los servicios jurídicos han explorado algunas fórmulas que facultasen al Consistorio, y le proporcionarían mecanismos sólidos, en su pretensión de exigir estos otros impagos, pero, en palabras de César del Espino ha sido “totalmente imposible”.