La Audiencia Provincial de Córdoba no observa, “por ahora, indicios suficientes” para imputar la comisión de un delito de denuncia falsa a los ochos policías locales de La Rambla que, en 2017, informaron a la Fiscalía acerca de unas obras presuntamente irregulares construidas en este municipio de la Campiña Sur.

La Sección Segunda ratifica dos de los tres acuerdos recogidos el año pasado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Montilla. En consecuencia, confirma el archivo de la querella criminal interpuesta, contra estos agentes, por el exalcalde del municipio, Alfonso Osuna (IU), y la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Inmaculada Castillero. Ambos recurrieron la resolución del Juzgado de Montilla.

Los funcionarios públicos, pertenecientes a la plantilla de la Policía Local de La Rambla, informaron de unas edificaciones urbanísticas levantadas en agosto del 2016. La Policía Judicial, en el informe ordenado por el juez instructor, concluía que “había detectado vinculación familiar entre los titulares” de las construcciones denunciadas “y determinados miembros y funcionarios del Ayuntamiento de La Rambla".

En la resolución, en segunda instancia, notificada por la Audiencia Provincial el pasado 1 de junio, a la que ha tenido acceso El Día, los magistrados no se pronuncian y, por tanto, “lo mantienen íntegro”, sobre la determinación de deducir testimonio de las declaraciones prestadas por los agentes municipales para su unión a las diligencias previas, que investigaban una posible prevaricación administrativa, abiertas en 2017 y archivadas un año después.

En cambio, la Audiencia Provincial de Córdoba deja sin efecto la imposición de las costas procesales a los querellantes. No obstante, de acuerdo a lo reflejado en el Estatuto Básico del Empleado Público y en un convenio municipal específico, el Ayuntamiento habrá de afrontar los gastos asumidos por los policías locales, al sobreseerse las diligencias y aflorar indicios de un presunto delito, ya que esta actuación se encuadraría en el ejercicio ordinario de sus funciones.

Un juez de Montilla archivó las primeras diligencias contra el exalcalde

El titular del Juzgado de Montilla exponía que, por los indicios aportados, los responsables municipales incoaron los expedientes administrativos oportunos, por infracción urbanística, únicamente “tras el requerimiento efectuado por Fiscalía” después de un análisis objetivo, señala el juez, de la documentación solicitada al Consistorio.

Asimismo, el juez de Montilla concluye que, aunque el actual procedimiento no tiene por objeto la investigación anterior, los hechos denunciados por los agentes de Policía Local en abril del 2017, sobre las construcciones ejecutadas sin licencia, no eran falsos, sino que se correspondían “con hechos verdaderos y revestidos de apariencia delictiva”.

El mismo Juzgado número 2 de Montilla, servido por otro juez, en 2018, declaró el sobreseimiento de las primeras diligencias previas, abiertas a instancia de la Fiscalía, contra el exalcalde de Izquierda Unida, Alfonso Osuna, y la exconcejala Inmaculada Castillero.