El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla investiga por un presunto delito de prevaricación urbanística al alcalde de La Victoria, José Abad, y a tres exconcejales socialistas, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La instrucción parte de una denuncia presentada por el actual portavoz del PSOE, Alfonso Gálvez, que hacía referencia a unos hechos que se habrían producido a lo largo de los años 2009, 2010 y 2011, cuando el primer edil, ahora independiente, estaba amparado por las siglas socialistas. 

La instrucción, en concreto, intenta dilucidar si se produjo prevaricación urbanística en el desarrollo de varias promociones de viviendas en los sectores residenciales SR-2, 3 y 5 del municipio, popularmente conocidas como las casitas del recinto ferial, de la calle Igualdad y de Quintana. Estas zonas, presuntamente, carecerían de la recepción de obra de urbanización pese a que se prestan servicios tras levantarse reiterados reparos de la intervención municipal.

En el auto de imputación, el magistrado advierte de que de la documentación remitida por la secretaría del Ayuntamiento "se infieren datos suficientes de los que se puede incurrir infracción penal cometidos por los investigados", pues supuestamente los cuatro investigados, que formaban parte de la junta de gobierno local del Ayuntamiento victoreño, "tenían pleno conocimiento de la ilegalidad de su actuación".

Así, el magistrado concluye que "procede continuar la causa por indicios racionales suficientes" de un presunto delito de prevaricación urbanística. Las fuentes del TSJA han concretado que el ilícito concreto que indiciariamente se les imputa es el artículo 320 del Código Penal. Este determina que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción, será castigado con la pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de 12 a 24 meses".

La denuncia original solo hacía referencia al sector residencial SR-2, aunque con posterioridad el juzgado ha ampliado también la instrucción a los sectores SR-3 y 5. Precisamente, el jueves de la semana pasada, tras un periodo de impás, acudían a declarar al palacio de Justicia de Montilla en calidad de testigos la secretaria-interventora y el arquitecto municipal, ha detallado el TSJA.

El alcalde ha confiando en que el procedimiento se resuelva "favorablemente" a la versión de los investigados, que ya han aportado numerosa prueba documental y que dejaría "bastante claro en qué circunstancias se produjeron los hechos". Ha aclarado, además, que los últimos testimonios tuvieron lugar a propuesta de la defensa.

La investigación judicial y sus posibles consecuencias han provocado un gran revuelo político en el municipio cordobés, de poco más de 2.200 habitantes. Precisamente el pasado miércoles, la ejecutiva del PSOE emitía un comunicado en el que expresaba su "rechazo" a las actuaciones de su portavoz, Alfonso Gálvez, a quien achacaban ser el "hipotético" cerebro de una moción de censura que planea desde el principio de mandato contra Abad pero que nunca ha prosperado: "Nos desvinculamos completamente de sus actuaciones y de sus palabras", expresó el partido.

Al día siguiente Gálvez denunció una "persecución" política desde que denunció las presuntas irregularidades en el Consistorio y negó que su labor haya sido bloquear el trabajo del actual equipo de gobierno, sino que siempre ha intentado "fiscalizar". "En todo momento hemos hecho propuestas, colaborado, ayudado. Y así seguimos", subrayó Gálvez.