Un total de 10 años de prisión y 31 años de inhabilitación para el sufragio pasivo o para desempeñar cualquier función pública. Esta es la petición hecha por parte de la acusación particular -que corresponde a las formaciones de IU y del Partido Andalucista- contra el exalcalde de Benamejí, el socialista José Ropero, y que ha presentado ante el juzgado de instrucción número 1 de Lucena. Malversación de caudal público, prevaricación por funcionario o autoridad pública y falsificación de documento público por funcionario o autoridad son los delitos que aluden los denunciantes en su escrito por el presunto cobro de dietas irregulares, al que ha tenido acceso el Día.

En el escrito, la acusación detalla que desde que Ropero llegó a la Alcaldía "planteó un sistema de retribución propia por los servicios públicos, que como gestor público iba a realizar". Dicho sistema de retribución, continua, "fue diseñado por el acusado ad hoc, pensado en su propio beneficio, creando mediante ordenanzas municipales un sistema de compensación por dietas en el cuál él siempre saldría beneficiado sin que nadie le cuestionara sus actos y amparándose, en todo caso, en el propio funcionamiento municipal en cuanto a su autonomía jurídica".

Este sistema, continua, "ilegítimo e ilegal, le estuvo reputando pingües beneficios al acusado, lucrativas indemnizaciones que jamás gravaron a Hacienda y que supusieron una hecatombe fiscal a las arcas públicas, dejando al municipio sin fondos sociales". La acusación añade que tras una década utilizando el singular sistema de cobro de dietas-sueldo llegó al extremo de confianza tal de la impunidad de sus acciones, que desde comienzos de los años 2000 y siguientes, decide crear un doble sistema de cobro de dieta, igualmente camuflado en las Bases de Ejecución Presupuestarias del municipio, y en el mismo articulado en el que aprobaba por sistema el singular cobro de dietas-sueldo".

Por todo ello, sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de malversación e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio de derecho sufragio pasivo por 15 años, por el que pide seis años de cárcel, además de otros 12 de esta inhabilitación por delito de prevaricación y otros cuatro de cárcel por delito de falsificación. También solicita la apertura de juicio orial contra José Ropero y que indemnice al Ayuntamiento con 49.676 euros por dietas cobradas ilegalmente entre 2002 y 2012 y otros 64.000 cobrados como indemnización mensual personal sin necesidad de justificación.