El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lucena ha dado por finalizadas las diligencias de investigación por el cobro de dietas irregulares en el Ayuntamiento de Benamejí con la apreciación de la posible existencia de sendos delitos de prevaricación y malversación por parte del exalcalde, el socialista José Ropero. Según el auto, notificado ayer a las partes, las pruebas practicadas llevan a la conclusión de que existió un "error manifiesto" en las declaraciones por gastos de locomoción y dietas entre los años 2002 y 2012 por parte del exregidor, quien percibió un importe a su favor durante dicho periodo por la suma de 49.649,42 euros.

Y ello en base a que en el Ayuntamiento benamejicense, según el auto judicial, se liquidaron tales dietas y gastos de desplazamiento conforme a unas plantillas que "no eran las correctas". Así, de acuerdo con dichos documentos, para las que se "utilizó un modelo equivocado", el juez advierte de que "todas las dietas liquidadas se hicieron por una cantidad errónea que no se correspondía con las procedentes sobre indemnizaciones por razón del servicio".

El exregidor obró "con conocimiento de la falta de derecho" a ingresar el dinero

El auto es contundente y, basándose en la prueba documental y en las demás diligencias practicadas en los últimos años, Ropero, "con conocimiento de la falta de derecho a la percepción de determinadas cantidades", procedió no obstante a reclamarlas y cobrarlas. Esta actitud provocó "un perjuicio para las arcas municipales". Entre las irregularidades detectadas, el togado observa "cantidades indebidas, documentos que no aparecen firmados y otros firmados por delegación por el propio beneficiario, así como errores en los días y en los datos justificativos".

Tras más de cuatro años de investigación, el juzgado optó hace unos meses por archivar la causa contra el exteniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Hoyos (PSOE), que fue imputado en julio de 2013 por un presunto delito de malversación por el cobro de las dietas; también se archivó el procedimiento que imputaba al tesorero del Ayuntamiento en relación a la misma causa y contra el resto de ediles y técnicos que percibieron dietas, unas 40 personas. El caso de Ropero ha sido diferente, a la vista del auto notificado ayer.

Acorralado por las acusaciones y la oposición, José Ropero optó por dimitir en enero de 2014. Ante el Pleno, lo consideró un asunto de "gravedad" porque compromete dinero público, si bien insistió, tal y como había hecho hasta entonces, en que se trataba de un "error". Dijo, además, que el asunto quedó "corregido" por los cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento implicados, "sin excepción", que optaron por devolver las dietas.