Una veintena de trabajadores de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación de Córdoba, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de lo Social para demandar la regularización de sus contratos. Los denunciantes prestan servicio como operarios en el mantenimiento de las depuradoras de aguas residuales que la empresa pública realiza de manera directa en régimen de obra y servicio. El presidente de Emproacsa, Salvador Blanco, reconoció ayer que desempeñan un trabajo "estructural", pero lamentó que la compañía no puede ampliar su plantilla debido a los límites de la tasa de reposición marcados por el Gobierno central, por lo que la corporación "esperará a lo que determine el juez".

El gerente de la sociedad, Luis Moya, recordó que en noviembre de 2014 la empresa abrió un proceso selectivo para contratar personal que asumiera el servicio de depuración a raíz de la decisión de la corporación, entonces en manos del PP, de gestionar el servicio de manera directa; hasta entonces, Emproacsa había adjudicado a empresas externas la explotación de las depuradoras por lotes. Moya recordó que Emproacsa abrió una convocatoria pública "basada en los principios de igualdad, capacidad y mérito". Quienes superaron los exámenes teórico y práctico pasaron a formar parte de una bolsa de trabajo en enero de 2015.

La sociedad amplió plantilla al asumir la gestión directa de las depuradoras en 2014

En marzo de 2015, Emproacsa contrató a 11 trabajadores y, conforme se recuperaba la gestión de las depuradoras, se amplió esta plantilla: en enero de 2016 se firmaron cinco contratos y en enero de 2017, los últimos cuatro. En total, son 20 los trabajadores temporales afectados por una situación. El gerente asumió que la legislación laboral permite prolongar los contratos por obra y servicio un máximo de cuatro años, por lo que la relación contractual de los 11 primeros contratados se extinguiría en enero de 2019.

Moya explicó que en este caso existe una "colisión" de normas: las propias del Derecho del trabajo y las de la Administración General del Estado, que con las limitaciones de la tasa de reposición "impide" que estos trabajadores pasen a formar parte de la plantilla fija de Emproacsa, que constituyen una media de 230 personas. Moya, en todo caso, defendió el sistema de gestión directo de la depuración, por ser "más eficiente y más económico". "También existe un mayor control sobre las operaciones, el mantenimiento es mejor y ahorramos 760.000 euros al año", defendió Moya. "El problema es que la empresa ha ampliado sus funciones y el Gobierno central nos impide contar con más trabajadores", resumió Salvador Blanco.

El secretario del comité de empresa, Vicente Suárez (CCOO), explicó que la demanda busca "legalizar la situación que ahora hay y que la normativa no permite salvo que proceda de una resolución judicial". "Lo único que buscan los trabajadores es salvaguardar sus derechos", incidió.

En diciembre de 2013, el consejo de administración de Emproacsa dio un giro de 180 grados a su gestión al aprobar recuperar la gestión directa de las depuradoras de la zona norte de la provincia, que en 2009 fueron adjudicadas a la entidad Aqualia. La sociedad pública asumió la gestión de las estaciones de Añora, Dos Torres, Belalcázar, Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Pedroche, Vilanueva de Córdoba, Villanueva del Rey, Villaralto-El Viso, Villaviciosa, Cardeña y Venta del Charco. Conforme los contratos con las adjudicatarias se extinguieron, la sociedad pública terminó por asumir de forma directa las cuatro zonas en que está divida la provincia.