Lamenta el dicho popular que uno sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Incluso en la comarca del Alto Guadiato, donde a la patrona de la minería se la tiene muy presente, ha ocurrido esto. Y ha sido necesario no sólo que retumben los truenos, sino que haya relámpagos, lluvias torrenciales, vientos huracanados y anegaciones para encomendarse a la mártir cristiana del siglo III. Santa Bárbara fue sometida a una larga agonía de la que dan cuenta las crónicas eclesiásticas: atada a un potro, flagelada, desgarrada y sometida a hierros candentes, fue condenada a muerte por decapitación a manos de su propio padre y, como remate, le cayó un rayo. Salvando las distancias, es un poco lo que ha ocurrido en los últimos días en el Valle del Guadiato: a las dificultades económicas, el elevadísimo paro y la caída de población, se han sumado en las últimas semanas unas anegaciones que, oh, Santa Bárbara, han provocado una previsible tormenta política.

La zona cero ha sido la pequeña localidad de La Granjuela, de poco más de 480 habitante y cuyo alcalde es el también diputado provincial de Infraestructuras y Cooperación con los Municipios, el socialista Maximiano Izquierdo. Tras varios días de lluvias provocadas por las tormentas Enma y Félix, el arroyo Parrilla, hasta hace poco un mero e insustancial hilillo de agua afluente del Guadiato, superó su cauce y convirtió el municipio en algo así como una marisma: las imágenes tomadas con los drones se hicieron virales con el impulso de las redes sociales. En los municipios del entorno, desde Fuente Obejuna a Peñarroya-Pueblonuevo, también se registraron daños en infraestructuras municipales, viviendas y, sobre todo, en la red pública de caminos, clave para articular la economía de la zona como vías de acceso a las explotaciones agrarias.

La peor situación se vivió el pasado fin de semana, así que el mismo lunes la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y diversos alcaldes socialistas de la zona mantenían una reunión de urgencia para valorar la situación. La cita dejó varios titulares. Por una parte, la Administración autonómica y la institución provincial pusieron sus respectivas convocatorias de ayudas ante situaciones de emergencia a disposición de los municipios afectados; como suele ocurrir en estos casos, sin embargo, estas medidas fueron apenas esbozadas, sin ofrecer fechas ni cantidades. Por otra parte, los cargos públicos socialistas hicieron frente para criticar la gestión de los daños realizada por la Subdelegación del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuyos responsables políticos, en ambos casos, pertenecen al Partido Popular. Se quejaron los alcaldes de que el organismo regulador de cuenca llevaba años sin limpiar los cauces de los arroyos y, por otra parte, criticaron que el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, no se interesara por los damnificados, pues lo cierto es que, desde que se produjeron las anegaciones, ningún representante público de esta institución ha pasado por la zona afectada.

Pese a que en un principio Primo Jurado evitó entrar en la polémica, una visita el martes del delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, le valió para responder. El primero recordó que la competencia de la limpieza de los arroyos al paso por el casco urbano de los municipios es de los ayuntamientos y criticó a los alcaldes socialistas por lo que consideró una falta de respeto institucional; el segundo fue aún más lejos al tachar su actitud de "mezquina" por intentar sacar rédito político -dijo- de la tormenta cuando en otras provincias como Huelva y Cádiz ha primado la cooperación entre administraciones, sea cual sea el signo político de quien gobierna. Ambos responsables públicos dijeron, además, que el Gobierno estará del lado de los damnificados, aunque todavía no se ha concretado cómo ni de qué manera.

Y, mientras tanto, Santa Bárbara sigue tronando sobre los vecinos y las tormentas con nombre propio -ahora nos visita Gisela- siguen llegando a la zona. Como ocurre con muchos otros asuntos (el desdoble de la N-432 o el Cercanías de la Vega del Guadalquivir), también aquí hay que apelar a la unidad institucional y a mantener a un lado los reproches políticos y las deslealtades, pues los perjudicados son, como siempre, los ciudadanos.