Nuestro día a día se construye cada vez más con verdades que lo son sólo a medias, certezas que no pasarían la prueba del polígrafo, sentencias que admiten tantas discusiones y réplicas como puntos de vista existen. En esta actualidad gaseosa y dúctil, intangible y maleable, los hechos valen menos que las palabras. Vivimos la posverdad, una realidad construida en frases de apenas 140 caracteres y declaraciones institucionales altisonantes que uno puede creer o no, pero que al final construyen nuestro día a día.

Hablan los sesudos analistas políticos de que el término posverdad se inventó en el ámbito anglosajón para referirse a la Guerra del Golfo allá por el año 1992. Luego ha servido para referirse a acontecimientos internacionales de primer nivel como la invasión de Iraq y, más recientemente, la campaña del Brexit para sacar a Reino Unido de la Unión Europea o para calificar las reiteradas ocurrencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la época de la posverdad, dicen los expertos en opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Y esto no ocurre sólo en la alta política, en los asuntos de trascendencia internacional. También hay posverdades de andar por casa, verdades subjetivas a pie de calle que lo mismo acontecen en Córdoba capital que en Encinas Reales.

Precisamente a este municipio del Sur de la provincia acudió la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con la excusa de participar en la inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento, un inmueble que lleva en uso desde el mes de julio pero que por alguna razón no había sido oficialmente inaugurado hasta ahora. En este solemne acto, rodeada de las máximas autoridades de la provincia -numerosos alcaldes, parlamentarios, delegados de la Junta y diputados provinciales-, avanzó Díaz algunas cifras del próximo presupuesto de la Junta de Andalucía, entre ellas el incremento de 500 millones en materia sanitaria. Esto permitirá, a juicio de la presidenta, la contratación de más profesionales y la renovación tecnológica de instalaciones. "Los presupuestos de 2018 garantizarán la equidad y los servicios públicos de calidad", atajó Díaz con una sentencia con la que, por sí misma, se podría escribir un tratado sobre la posverdad, un concepto que el diccionario inglés Oxford consideró palabra del año 2016.

Lo realmente relevante de la jornada, sin embargo, aconteció antes, cuando Díaz dio el paso de visitar el Consorcio Escuela de la Madera (Cemer) después del tortuoso camino recorrido durante varios cursos académicos por la comunidad educativa y el alumnado, sin programa, calendario lectivo ni sueldos. Era la primera vez que Díaz visitaba uno de estos consorcios escuela gestionados por la Admistración autonómica en Andalucía y, como no podía ser de otra forma, hubo palabras de reconocimiento para quienes durante tanto tiempo estuvieron atrapados por una posverdad de promesas que no llegaban a cuajar. "Fueron años difíciles -dijo-, pero afortunadamente después de la implicación, del compromiso, de la ayuda salió adelante y hoy son trabajadores de la Junta de Andalucía y tienen la seguridad de que forman parte de la función pública y de que nunca más, en ninguna circunstancia, ninguna crisis pondrá en duda la formación, el empleo y el trabajo". El discurso omitió, sin embargo, que fue la propia Administración autonómica la que creó los problemas para luego resolverlos.

Esta semana se ha sabido también que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha consignado 13,65 millones de euros en la provincia para materializar los proyectos y construcción de las depuradoras y colectores de agrupación de vertidos de La Victoria (3,76 millones), Santaella (4,85) y Villanueva del Duque-Alcaracejos (5, 04). El anuncio se hizo en Sevilla, con gran pompa y boato, con la presencia de alcaldes de toda Andalucía y responsables autonómicos. Pero, como suele pasar en estos tiempos, hubo realidades veladas, verdades a medias. Y hay municipios cordobeses que tendrán que seguir esperando financiación para su depuradora, como es el caso de la compartida por La Rambla y Montalbán, pese a que hace ya tiempo que se incumple la directiva medioambiental de la Unión Europea sin que nadie diga nada.