El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2018, que incluyen una bajada de la tasa de la basura de un 5% y una subida de la del agua de un 1%. El PP ha votado en contra de esta última decisión. El diputado provincial de Hacienda, Salvador Blanco, ha defendido que el incremento del recibo de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) responde a la necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras, mientras que ha explicado que el recorte de la factura de la Empresa Provincial de Medio Ambiente (Epremasa) "no tiene nada que ver con Mariano Rajoy ni con el Gobierno de España", como agradeció ayer el PP, pues "podría haberse aplicado muchos años atrás pero no se ha hecho".

El portavoz del PP, Andrés Lorite, ha lamentado que la propuesta de ordenanzas no se haya sometido al veredicto del "cacareado" Consejo de Alcaldes, mientras que ha insistido en que la supresión del IVA en un 10% en Epremasa, por "imperativo legal" tras una reforma normativa estatal, es lo que permite reducir la factura de la basura. Lorite ha mostrado diversa documentación oficial que probaría, según ha dicho, que desde enero de 2016 no se puede aplicar el IVA, aunque no se hizo así en la ordenanza aún en vigor. "Es una medida impulsada y emprendida por el Gobierno de España, y no de manera torticera, como dicen, se aplica de manera graciosa por este cogobierno provincial", ha insistido Lorite, que ha exigido explicaciones a Blanco por que no se vaya a bajar un 10%, sino un 5%, lo que implicaría "una subida". Lorite ha insistido, además, en el "ocultismo" y en la "falta de transparencia" que ha supuesto la elaboración de las ordenanzas.

El portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, ha argumentado que el incremento del 1% "viene muy bien para la viabilidad de la empresa", que ha de "acometer inversiones muy importantes para infraestructuras". "Tenemos que estar preparados para dar un buen servicio", ha dicho Sánchez, quien ha recordado que en el recibo aparece el cobro del canon finalista de la Junta de Andalucía para la ejecución de obras de depuración, en torno a siete euros, que "no siempre se utiliza". "Los vecinos no entienden que se cobre un canon y luego no repercuta nada", ha dicho en un llamamiento a que la Administración autonómica acometa la ejecución de las estaciones depuradoras aún pendientes.