Córdoba rural

Los Pedroches y el Alto Guadiato avisan de que el proceso de despoblación es "insostenible"

  • Junto a comarcas de Badajoz, Ciudad Real y Sevilla, demandan un "giro de 180 grados" en las políticas actuales

  • Proponen bonificaciones y exenciones fiscales para atraer a emprendedores a las zonas más castigadas

Vista panorámica de Conquista, uno de los municipios afectados.

Vista panorámica de Conquista, uno de los municipios afectados. / Ayuntamiento de Conquista

La situación es ya "insostenible". Las comarcas contra la despoblación de las provincias de Córdoba, Sevilla, Badajoz y Ciudad Real, en las que se integran Los Pedroches y el Alto Guadiato, retoman sus reivindicaciones tras un año de parálisis forzada a causa de la pandemia de covid-19. Los alcaldes de los 88 municipios implicados han aprobado un manifiesto contra la sangría poblacional y han acordado solicitar una reunión de trabajo con la vicepresidenta cuarta del Gobierno y titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El objetivo es "abordar una estrategia consensuada que permita la transferencia de los fondos comunitarios a los municipios con el fin de financiar medidas que paren la despoblación y sirvan de base a iniciativas que permitan la generación de empleo y el asentamiento de empresas y personas en estos territorios, especialmente castigados en los últimos años con una pérdida constante de población", según ha explicado el gerente del colectivo, Jesús Fernández.

El manifiesto puede considerarse como una enmienda a la totalidad, pues los municipios reclaman "un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo regional y un nuevo modelo provincial que potencie la España rural con el asentamiento poblacional, la creación de nuevas oportunidades en materia de empleo y desarrollo económico y un giro de 180 grados en las políticas actuales". Por ello, las localidades reivindican ser declaradas "Zonas rurales a revitalizar", tal y como recoge la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Esta consideración, reivindican los regidores, debe ir acompañada por modificaciones legislativas, entre las que incluyen la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a su aplicación en municipios inferiores a 20.000 habitantes ubicados en ámbitos rurales despoblados o la aprobación de una legislación estatal que obligue a las entidades bancarias al mantenimiento de las oficinas bancarias.

También demandan normas que favorezcan que los puestos de empleo que se generen sean cubiertos por las personas residentes en los municipios despoblados con preferencia sobre personas no residentes, así como la supresión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Otra reivindicación es un cambio legislativo en las normas urbanísticas, en el sentido de que se regulen otras aplicables al ámbito rural y se dejen a un lado las creadas para realidades urbanas de ciudades.

El segundo eje de las propuestas se centra en cambios fiscales y referidos a la Seguridad Social. Los ayuntamientos proponen establecer bonificaciones y exenciones fiscales para los habitantes que residan en las zonas rurales despobladas; beneficios fiscales que favorezcan el asentamiento empresarial y bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para hacer más competitiva la contratación laboral en zonas rurales.

Por último, un tercer bloque se refiere a medidas económicas y de infraestructuras. Así, las localidades reclaman medidas económicas contempladas en los presupuestos de las diputaciones y de los gobiernos regionales para favorecer una ventaja competitiva con zonas urbanas; decisiones urgentes para suplir el déficit energético actual con el impulso de inversiones en nuevas líneas eléctricas que aseguren el suministro eléctrico actual y el asentamiento de nuevas producciones, o recursos que permitan un tejido por todo el territorio de conexiones a internet rápidas que favorezcan el asentamiento de nuevas acciones emprendedoras que conecten con el mundo sin restricciones y en igualdad de condiciones que las empresas que se asientan en entornos urbanos.

Además, consideran que es necesaria la aplicación del denominado 1,5% cultural procedente de lasinversiones en obra pública para la recuperación del patrimonio cultural con carácter preferente en los municipios de la llamada España vaciada sin aportación municipal del 20%. "Si perdemos el patrimonio cultural, perdemos los recursos turísticos para aprovecharlos", argumentan las comarcas. Otra reivindicación es un plan de inversiones en infraestructura pública de comunicaciones por carretera y ferrocarril para "salir del aislamiento geográfico".

"Las alcaldías de los 88 municipios integrantes han dedicado todos sus esfuerzos a la adopción de medidas contra la crisis sanitaria, priorizando la seguridad de sus conciudadanos frente a otras cuestiones. Ahora que se ha alcanzado una cierta contención en el número de personas afectadas y habiendo aprendido la manera de convivir con esta pandemia, es cuando se ha decidido continuar con la estrategia de defensa de los 198.316 habitantes que integran la asociación", exponen los alcaldes.

El colectivo está integrado por la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén, la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena, la Mancomunidad de Los Pedroches, la Mancomunidad de La Serena, la Mancomunidad de Sierra Morena de Sevilla, la Mancomunidad del Valle de Alcudia y Sierra Madrona y la Mancomunidad Valle del Guadiato.

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