La puesta en marcha del Cercanías del Valle del Guadalquivir, que desaconseja un reciente informe del Ministerio de Fomento que hasta ahora había permanecido guardado, es una cuestión de "voluntad política". Así lo reclamaron ayer de manera unánime el PSOE, IU y Ciudadanos, mientras que el PP de Córdoba argumentó que han solicitado información al Gobierno central para poder evaluar el futuro de esta infraestructura.

El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado incidió en que el proyecto "se tiene que hacer realidad, pues se trata de una demanda de todos los municipios y es una cuestión prioritaria". Hurtado incidió en que la decisión de declarar de Obligación de Servicio Público (OSP) el corredor ferroviario "no pueden prevalecer criterios economicistas, sino sociales". "Para eso, precisamente, está la declaración de OSP, una figura que permite que el déficit lo cubran los Presupuestos Generales del Estado", argumentó Hurtado.

Incidió, por otra parte, en que la apuesta por el corredor ferroviario supondría además impulsar una "movilidad ágil y eficaz" que ayudaría al mismo tiempo a la "lucha contra el cambio climático". "Toda esta estrategia global exige una inversión firme, por lo que no nos vamos a dejar convencer por criterios economicistas", concluyó Hurtado.

El informe de la consultora Ineco para Fomento sostiene que en el Valle del Guadalquivir estos servicios "no se consideran los más apropiados para atender las demandas de movilidad generadas", pues el corredor necesitaría de 135.000 habitantes más para que fuera mínimamente rentable. Además, el predominio del sector agrícola, seguido de las industrias agroalimentarias, "tampoco incide en la generación de una demanda de viajes a atender por modos ferroviarios". "En estas condiciones de baja población atendida, parte de la misma en asentamientos de bajo índice de concentración, los servicios de Cercanías no se consideran los más apropiados para atender las demandas de movilidad generadas. Más aún si se tiene en cuenta que actualmente varias de las estaciones existentes no presentan las condiciones mínimas para atender los servicios", zanja el estudio.

El portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, coincidió con Hurtado al afirmar que la puesta en marcha del proyecto es cuestión de "voluntad política" y defendió asimismo que en este caso "la rentabilidad social debe primar por encima de la económica". El diputado provincial criticó que los resultados del informe parecen "creados a la carta" y pidió explicaciones de "por qué si el informe está fechado el 30 de noviembre de 2017 se anunció mucho antes, en septiembre, que el Metrotrén contaba con las garantías de OSP". "Está claro que el Ministerio no tiene ninguna intención en absoluto de poner en marcha el Cercanías", concluyó Sánchez, quien por otra parte pidió a la Junta que se involucre en este asunto.

En este sentido, el diputado provincial recordó que la ley autonómica de servicios ferroviarios también podría considerar el corredor "de utilidad pública", una figura similar a la de OSP, y a raíz de contar con esta etiqueta instar a Fomento a que se sume.

El representante de Ciudadanos por Córdoba en el Congreso de los Diputados, Marcial Gómez, recordó por su parte que su grupo ya había preguntado por los informes, "pero el Gobierno respondió con evasivas". "Ahora solicitaremos que se nos entregue, para conocer la fundamentación del mismo, y las razones que han llevado a esa consultora a recomendar que no se declare OSP, antes de tomar alguna iniciativa". En cualquier caso, Gómez recordó que "la declaración de OSP precisamente obedece a eso, a la necesidad de prestar un servicio público a pesar de que éste no sea rentable, porque existen otras razones de utilidad social, garantizando las necesidades de movilidad de los ciudadanos, de vertebración y cohesión del territorio que favorezcan el crecimiento económico, que así lo recomiendan".

Por tanto, "es una cuestión que tiene un gran componente de voluntad política, y habrá que ver qué decisión toma finalmente Fomento, ya que al parecer existe un compromiso por parte de la Junta de Andalucía para financiar el déficit del servicio, al igual que el Ayuntamiento lo hará con el Metrotrén", dijo. Así, "Fomento habría de afrontar el coste de las estaciones pendientes de construir". "No nos parece de recibo que estos municipios soporten el inconveniente de tener kilómetros y kilómetros de AVE, que incluso van a aumentar con el baipás para favorecer las conexiones de Andalucía, y no puedan, en cambio, coger el Cercanías para ir a su capital", criticó.