El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba pedirá a la Junta de Andalucía, a través de una moción, que ponga a disposición de los ayuntamientos y entidades locales autónomas de Córdoba fondos económicos especiales para poder hacer frente a los gastos extraordinarios que ha ocasionado a los municipios el hecho de haber tenido que afrontar la limpieza extraordinaria y las medidas de seguridad e higiene de los centros educativos públicos.

El portavoz socialista en la institución provincial, Esteban Morales, ha señalado que “hay que tener en cuenta que esta circunstancia viene provocada por el cumplimiento de las normas emanadas de la Junta de Andalucía para hacer frente al covid-19 y exceden de la competencia ordinaria de los municipios”, de ahí que también se reclame al Gobierno andaluz “la elaboración de una ley que regule la competencia de la desinfección sanitaria de los centros educativos públicos por parte de los Ayuntamientos, tal y como se establece en la Laula, con su correspondiente financiación”.

Además, el Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba reclamará a la Junta que “reduzca, de manera urgente, la ratio del alumnado en los distintos niveles de enseñanza en las aulas de los centros educativos públicos de nuestros municipios durante este curso y si es necesario durante el que viene si la pandemia continúa, contratando el profesorado necesario”.

“Es necesario también que el Gobierno andaluz ponga las herramientas para luchar contra la brecha digital tanto del alumnado como del profesorado mediante la identificación de necesidades reales actuales en materia tecnológica”, ha asegurado Morales, que ha añadido que “solicitamos a la Junta que adopte medidas específicas para la atención a la diversidad extremando las medidas higiénico sanitarias para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que pudiera requerir de una especial cercanía para su pleno desarrollo y aprendizaje”.

Por otra parte, el Grupo Socialista pedirá al Gobierno central que inicie los trámites conseguir las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social, para que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesa, en los que acredite un período de cotización efectiva de 40 años, sean excluidos de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos.

Morales ha explicado que, según la regulación actual, “se aplican reducciones que llegan hasta el 8% por cada año anterior a la edad legal de jubilación, llegando en algunos casos a una penalización del 40% de la pensión, por lo que sería razonable que, si se han cotizado ya un total de 40 años o más, no se sufriera ninguna penalización o coeficiente reductor, sino que se entendiera que esta persona ya ha contribuido suficientemente al sistema de pensiones”.