La secretaria general del Partido Popular de Córdoba y diputada autonómica Araceli Cabello ha defendido este miércoles en sede parlamentaria una Proposición No de Ley en la que el Parlamento de Andalucía pide al Gobierno de España que declare el incendio de Belalcázar del pasado verano, junto al de Torres de Albanchez (Jaén), como zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil.

El incendio de Belalcázar se originó el 25 de julio de este año y afectó a 966,18 hectáreas. Es considerado Gran Incendio Forestal (GIF) al tener una superficie afectada superior a las 500 hectáreas, “pero de forma injusta se ha quedado fuera de la declaración y por tanto de la posibilidad de solicitar ayudas”, ha comentado.

La parlamentaria ha considerado que "es de justicia y de sentido común apoyar esta demanda que no solo viene de la mano del Partido Popular, sino que es compartida por los técnicos y profesionales del ámbito forestal, los vecinos de estos municipios así como sus ayuntamientos. “El Gobierno central tiene que dar protección a las personas que se vieron afectadas por este incendio y que todavía están esperando una respuesta”.

Cabello, en la comisión parlamentaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la que es portavoz, ha recordado que estos incendios han sido excluidos por parte del Gobierno central de esa declaración con el único motivo de no haberse activado durante el dispositivo de extinción los niveles 1o 2 “según el criterio fijado por el Gobierno”.

“El Plan Estatal General de Emergencias de protección civil destinado a las de carácter inespecífico y de naturaleza multirriesgo no establece ni las condiciones ni el procedimiento para la declaración de lasZonas Afectadas por Emergencias de protección civil, sino que es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (artículo 23), y en ella nada se recoge sobre la necesidad de declaración previa del Nivel de Gravedad Potencial”, ha explicado.

Por ello, ha continuado, “no es comprensible que el Gobierno exija como requisito para acceder a las ayudas algo que resulta ser tan distinto a lo largo y ancho del territorio nacional, perjudicando en este caso a comunidades como Andalucía, cuyo Plan Infoca, a diferencia de los de otras comunidades autónomas y delcitado plan, contempla en su Nivel 0 la afección a personas y bienes no forestales cuando no se haga necesario el despliegue de un dispositivo de protección civil”.

“No entendemos que se introduzca un criterio ligado a la propia emergencia, en lugar del daño efectivo causado por el incendio que sería un criterio más razonable y objetivo”, ha añadido.

Según Araceli Cabello, “esto sería contraproducente ya que si ponen como criterio obligatorio el uso de operativos de emergencia para poder optar a las ayudas, se podría favorecer un uso innecesario y abusivo de los mismos, llevando a un colapso de los operativos de protección civil”.