La fase de instrucción del caso del supuesto amaño de las oposiciones del Consorcio Provincial de Bomberos continúa su cauce. Ayer acudió hasta la Ciudad de la Justicia para declarar ante el juez el alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol (PSOE), quien lo hizo de forma voluntaria, a pesar de su condición de aforado por ser senador. Mármol, según apuntó la acusación, le dijo al juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba que "desconocía todo". Esas mismas fuentes de la acusación apuntaron que el alcalde de Priego de Córdoba fue aún más taxativo que sus predecesores en el juzgado -la vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo, y el gerente del organismo, Juan Carandell- afirmando que "no sabía absolutamente nada".

Al igual que hiciera Dolores Amo, Mármol acudió hasta la Ciudad de la Justicia sin responder ni una sola pregunta de los periodistas ni a la entrada, ni a la salida. En este caso, se investiga si el regidor prieguense presionó para que se colocara en los puestos de bomberos a personas cercanas a él.

Durante el día de ayer también declararon ante el juez otros cuatro investigados, en este caso, la secretaria del tribunal de las oposiciones y funcionarios de la Diputación. Las declaraciones se retomarán la semana que viene, concretamente los días 6 y 7 de junio, cuando tendrán que acudir a declarar los bomberos supuestamente implicados en el presunto amaño y el director técnico del Consorcio, Rafael Márquez.

Será por lo tanto la semana que viene cuando, previsiblemente, se conozca la decisión del juez de seguir adelante con este procedimiento. De momento, en esta fase de instrucción ya han declarado los bomberos denunciantes, así como Dolores Amo y Juan Carandell. Estos últimos respondieron a todas las preguntas que se le hicieron en la sala y negaron su participación en cualquier amaño de las oposiciones, toda vez que, según la oposición, a Amo de vez en cuando le venían "recuerdos parciales".

El juez, en esta fase de instrucción, está buscando evidencias para determinar la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, descubrimiento de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. Todo ello en torno a unas oposiciones del Consorcio de Bomberos de la Diputación en las que, supuestamente, se podría haber producido un amaño para favorecer la entrada de trabajadores interinos.