La representación legal del alcalde de Baena, Luis Moreno (PSOE), ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad que sigue el caso de unas presuntas amenazas proferidas por el ex alcalde de la localidad Carlos Arenas (PTA) al considerar que éstas deberían ser consideradas un delito y no una falta.

El juicio por la presunta falta de amenazas estaba previsto para el día de mañana, por lo que en el documento, al que ha tenido acceso Efe, se solicita que se deje sin efecto este señalamiento hasta que no se resuelva este recurso. Entre los motivos que se exponen en este recurso destaca que las amenazas "acontecieron en público" durante la presentación de un proyecto municipal que presidió Moreno, que en principio no percibió las expresiones de Arenas, si bien luego les fueron narradas por personas que las oyeron directamente.

En el texto también se expresa que las amenazas "no pueden considerarse como leves cuando las mismas contienen una amenaza de un mal tan grave (lo tenía que matar), dichas no en el curso de una discusión entre ambos, sino a modo de anuncio ante terceros de una intención". Además, en el recurso se destaca el "contenido insultante de las expresiones y la condición del destinatario del mismo" -que es alcalde de Baena y senador por el PSOE- y el lugar donde se produce la agresión verbal -en un bar- "son todas ellas circunstancias que permiten concluir la gravedad del atentado al honor, tanto en su aspecto personal como institucional".

Asimismo, en el recurso se explica que si finalmente se consideran los hechos como una falta, "los mismos estarían claramente prescritos por haber transcurrido más de seis meses desde la comisión de los mismos hasta la apertura de la causa" por lo que "esta parte cesaría en el ejercicio de la acusación".

Carlos Arenas ha defendido su inocencia en reiteradas ocasiones. Aparte, estima el alcalde le puso la denuncia el mismo día en que él ratificaba otra anterior por un presunto delito contra la ordenación del territorio cometido por el Ayuntamiento gobernado por Luis Moreno. Las supuestas amenazas sucedieron seis meses antes de que se denunciaran.