La disparidad de razonamientos y posiciones políticas en el Ayuntamiento de Lucena ha impedido fraguar un acuerdo, unánime o mayoritario, antes de la conclusión efectiva y ordinaria del convenio suscrito con Epremasa, ligado a la gestión de los residuos sólidos urbanos y el punto limpio. Desde principios de este año, adquiere vigor una “prórroga tácita”, de acuerdo a la consideración del alcalde, Juan Pérez, con una duración máxima de un año.

En el último trimestre del 2021, el equipo de gobierno evidenciaba su preferencia por la renovación del vínculo con el organismo dependiente de la Diputación de Córdoba. Los principios esenciales de la nueva propuesta radicaban en un plazo de cuatro años, extensibles a otros tantos, y una inversión absoluta comprometida de 1,5 millones. Este montante propiciaría la renovación y el soterramiento de los 232 recipientes instalados en Lucena, Jauja y Las Navas del Selpillar, aparte de la colocación de más contenedores; así como la implantación de unidades dispersas del punto limpio en diferentes emplazamientos de la localidad.

Las reticencias de varios grupos políticos municipales –PP, Ciudadanos y Vox- han supuesto que el gobierno socialista, ante la falta de apoyos, ya admita la alternativa de la licitación directa abanderada por el PP. El alcalde, Juan Pérez, ha señalado que “estamos haciendo análisis de los costes, para, finalmente, tomar la decisión que corresponda”. En este sentido, ha insistido en que “cuando tengamos todos los datos económicos los presentamos sobre la mesa” al objeto de “estudiar la conveniencia de mantener el convenio, evidentemente mejorado”.

A comienzos de noviembre, el PP detalló su opción, basada, de forma prioritaria, en la eliminación de la relación con la Diputación y Epremasa para abordar el concurso público desde el Consistorio. El principal motivo esgrimido por los populares, al anteponer esta fórmula, alude a las sucesivas subcontrataciones materializadas por la empresa pública y que repercuten negativamente, aseveran, tanto en las condiciones laborales de los empleados como en el desarrollo del servicio.

Esta fuerza política, en primer término, pide una auditoría externa que relate las condiciones técnicas, económicas y financieras y dirima cuál solución destaca como la más beneficiosa para el Ayuntamiento, los trabajadores de esta prestación y los ciudadanos. Entretanto sí aceptan una breve transición a través de una prórroga, pactada, de un año. En los últimos días, confirman fuentes del PP, han reiterado al PSOE su solicitud de compartir una mesa de diálogo monográfica sobre esta materia.

Próximos a los planteamientos del Partido Popular, aunque con salvedades, se sitúan tanto Ciudadanos como Vox. La formación naranja propugna paralizar el nuevo convenio y analizar los costes y la optimización del servicio y Vox advierte que, de rubricarse la pretensión del equipo de gobierno, la cantidad total ascendería a 17 millones por lo que reclaman cautela y un análisis minucioso sobre el método más oportuno.

Finalmente, Izquierda Unida aclara que sí respaldaría, por ejemplo, una gestión directa desde el Ayuntamiento o un convenio con Epremasa, por tratarse de una sociedad pública, remarcan, siempre que se garantice la exclusión de cualquier subcontratación.

IU rechaza tajantemente la idea del PP porque supondría, asegura esta fuerza política, la externalización definitiva y total de los servicios de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento ya que se encaja, avisan desde Izquierda Unida, en el texto elaborado por los populares. El PP, en su momento, afirmaba que esta inclusión únicamente comportaría un “complemento”.